Apurímac, 9 septiembre 2025.- Jalón de orejas en Ginebra. El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Volker Türk, hizo llegar sus fuertes críticas a la recientemente promulgada Ley de Amnistía, que permite la liberación de integrantes de las FF. AA., PNP y Comités de Autodefensa procesados o investigados por delitos como ejecuciones extrajudiciales durante la lucha antiterrorista (1980-2000). 

Türk, al momento de compartir su análisis de la situación en América Latina frente al Consejo de Derechos Humanos, opinó que la ley "es un retroceso para la justicia y para la verdad". Las críticas fueron hechas frente al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, uno de los principales defensores de la medida, quien se encontraba participando en esta sesión también.

Y es que Santiváñez se encuentra en la ciudad suiza para participar en la reunión de la ONU, en un viaje que ha costado más de US$ 6.500 y contó con la venia de la mandataria Dina Boluarte. El juez Edhin Campos Barranzuela, fue quien levantó el impedimento de salida del país que pesa sobre el ministro debido a las investigaciones en su contra por presuntos delitos de abuso de autoridad y corrupción.

Con este pronunciamiento, el Alto Comisionado de la ONU se posiciona en línea con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El órgano supranacional estableció que todo el aparato estatal, incluidos sus órganos, autoridades judiciales y tribunales que reciban solicitudes basadas en dicha ley de amnistía, debe aplicar el control de convencionalidad y abstenerse de otorgarla hasta que la Corte emita una resolución definitiva al respecto.

Se desconoce si hubo reacciones de parte del ministro de Justicia ante la llamada de atención emitida por el Alto Comisionado. Sin embargo, se supo que Santiváñez mantuvo un encuentro bilateral con Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), donde hablaron de la asistencia humanitaria a poblaciones vulnerables.

Juan José Santiváñez recorre ahora Ginebra como nuevo ministro de Justicia del gobierno de Dina Boluarte. Su regreso al Ejecutivo no es casual. 

Tras haber sido censurado por el Congreso de la República cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior y pese a las 12 investigaciones que descansan sobre sus anchas, el principal aliado de Boluarte vuelve con una misión clara al frente de la cartera de Justicia: impulsar el retiro del Perú de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y respaldar la postura oficialista sobre leyes como la Ley de Amnistía, actualmente cuestionada por la ONU.

El 20 de marzo, durante la sesión del Congreso en la que se debatía su censura, Santiváñez tenía planeado cerrar su intervención proponiendo que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En esa oportunidad, más allá de sus críticas hacia la Fiscalía y de sus intentos por justificar su gestión frente al aumento de la inseguridad, buscaba abrir un debate sobre la permanencia del país en dicho organismo. 

Aunque finalmente no lo expresó en el pleno, su intención quedó clara tras la publicación de su discurso completo, lo que alimenta la posibilidad de que su retorno al Ejecutivo esté ligado a concretar esa propuesta.

La presidenta Dina Boluarte sería su principal respaldo en este objetivo. La Corte IDH ordenó al Estado peruano suspender el proceso de aprobación y aplicación de la Ley de Amnistía mientras evalúa su impacto en los derechos de las víctimas. 

El riesgo de impunidad frente a graves crímenes de derechos humanos es el centro de la discusión; sin embargo, lejos de atender esa advertencia, el Gobierno promulgó la norma el 13 de agosto en beneficio de efectivos policiales, militares y miembros de comités de autodefensa responsables de abusos cometidos entre 1980 y 2000.

La Ley Nº 32419, conocida como Ley de Amnistía, fue aprobada en julio por el Congreso de la República a propuesta del legislador Jorge Montoya (Honor y Democracia) y respaldada por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), entonces presidente de la Comisión de Constitución. 

Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado detener su promulgación, la presidenta Dina Boluarte oficializó la norma el 13 de agosto de 2025, incurriendo en desacato a este tribunal internacional.

La normativa concede una amnistía de carácter “humanitario” a personas mayores de 70 años con sentencias firmes o en ejecución, siempre que no estén involucradas en casos de terrorismo o corrupción. Según estimaciones, al menos 300 integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional podrían ser beneficiados. No obstante, expertos como Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), advierten que su implementación no será automática, pues requiere solicitudes individuales y evaluaciones de jueces y fiscales.

Además de la Corte IDH, diversas organizaciones nacionales han expresado su rechazo, calificando esta medida como un mecanismo que favorece la impunidad, socava el derecho de las víctimas a la justicia y blinda a responsables de delitos de especial gravedad.

Fuente: La República