Apurímac 13/05/2025.- La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, junto a los demás fiscales supremos, se pronunció sobre la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio por parte del Poder Ejecutivo, luego de que el Congreso de la República aprobara dicha iniciativa. Espinoza consideró que esta medida representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
“La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público se dirige a la ciudadanía para expresar su rotundo rechazo a la reciente promulgación de la Ley 32326, que modifica la Ley de Extinción de Dominio y afecta gravemente los avances logrados en esta materia. Con esta modificación, será necesario contar con una sentencia firme y consentida —lo que toma mucho tiempo— para que el Estado pueda iniciar el proceso de intervención sobre bienes o activos ilícitamente adquiridos por personas procesadas por delitos graves”, declaró Espinoza.
Espinoza señaló que esta ley, aprobada por el gobierno de Dina Boluarte, no tomó en cuenta las recomendaciones realizadas por diversas instituciones que advirtieron sobre sus efectos negativos.
“La norma aprobada por el Ejecutivo, sin observaciones, no consideró los argumentos ni opiniones del Ministerio Público, así como de otras organizaciones que expresaron su preocupación y alertaron sobre esta peligrosa modificación. Lamentablemente, se ha establecido que la acción de extinción de dominio prescribirá en cinco años, cuando antes era indefinida, lo que aseguraba que los patrimonios ilícitos no permanecieran en manos de personas al margen de la ley”, continuó la fiscal.
Fiscal de la Nación advirtió sobre efectos negativos para el país
Los fiscales advirtieron que las consecuencias de esta medida no solo afectarán el ámbito nacional, sino que también dañarán la imagen del Perú ante la comunidad internacional. Espinoza señaló que la nueva norma contradice tratados internacionales ratificados por el país.
“La ley ha sido promulgada sin respetar los compromisos internacionales asumidos por el Perú a través de las convenciones de Palermo y Mérida, así como los lineamientos establecidos por las Naciones Unidas en materia de extinción de dominio y recuperación de activos ilícitos. Esto coloca al país en una situación de claro retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada, dañando la reputación, la imagen y el reconocimiento internacional que habíamos construido durante años. Lamentamos que el Poder Ejecutivo no haya considerado el contexto de elevada delincuencia que atraviesa el país”, explicó.
Además, la fiscal de la Nación advirtió que los efectos de esta ley no solo se aplicarán de forma prospectiva, sino que también podrían impactar decisiones ya adoptadas bajo la legislación anterior.
“De los 5.753 casos de extinción de dominio en curso, se verán negativamente afectados 2.374. Esto significa que 2.374 delincuentes y testaferros seguirán disfrutando impunemente de las ganancias y el dinero obtenido de sus actividades ilícitas, recapitalizando y reinvirtiendo para generar más beneficios. El Estado tendrá que devolver propiedades y dinero, así como desbloquear cuentas dentro y fuera del país que pertenecen a personas vinculadas a delitos de corrupción, lavado de activos, crímenes ambientales y criminalidad organizada”, concluyó.
Boluarte promulga ley que modifica la extinción de dominio y beneficiaría a corruptos
El Gobierno de Dina Boluarte oficializó la modificación de la ley de extinción de dominio, desoyendo las advertencias del Poder Judicial y del Ministerio Público, que alertaron sobre el posible favorecimiento a individuos involucrados en actos de corrupción. Pese a estos cuestionamientos, el Ejecutivo siguió adelante con la promulgación de los cambios normativos.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es que ahora la extinción de dominio dependerá de una sentencia judicial firme. Aunque se mantienen como excepción ciertos delitos graves —como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, la minería ilegal, el secuestro, entre otros—, diversas conductas ilícitas quedaron excluidas del nuevo alcance legal, lo que ha generado preocupación entre las instituciones encargadas de la lucha contra el crimen.
Hasta antes de la modificación, en estos procesos el propietario del bien debía demostrar su origen lícito. Sin embargo, con la reforma aprobada, esta carga probatoria desaparecería. Además, se propone retirar de la aplicación de la ley delitos como el lavado de dinero, la corrupción y el crimen organizado, lo cual podría beneficiar a personajes políticos investigados, entre ellos Vladimir Cerrón y Fredy Hinojosa.
Fuente: La República
