Apurímac 12/05/2025.- Estrategia intimidatoria. Mediante carta notarial del 2 abril del 2025 la empresa Southern Perú a través de su asesor legal, Wilfredo Santillán Mosquera, emplazó a los dirigentes de la comunidad campesina de Tapairihua, dejando claro que en caso de seguir acusándolos de diversos delitos e impedirles el uso de la vía vecinal que cruza la comunidad hacía el campamento del proyecto "Los Chancas", ubicado en el poblado de Choccemarca, continuarán presentado acciones legales en su contra.
Esta actitud intimidatoria mostrada por la empresa de capitales mexicanos se origina a raíz del conflicto social que enfrenta con la comunidad de Tapairihua desde inicios de marzo exigiéndole que se retire de su territorio comunal, aunque en realidad, las relaciones entre ambas partes están bastante deterioradas y se arrastran hace más de 20 años, aunque la empresa lo niegue.
El presidente de la comunidad, Tito Tapia Pérez, dio a conocer sobre la amenazante carta notarial recibida el último viernes coincidiendo con la llegada del juez Amilcar Escobar durante la diligencia de inspección ocular tras admitir a trámite un habeas corpus presentado por Southern Perú solicitando se respete su derecho para hacer uso de la vía que llega hasta el campamento minero.
Asimismo, advierte en su escrito, respondiendo a los dirigentes de la comunidad que "NO (el abogado de la minera lo escribió en mayúsculas) se retirará de la posesión del terreno que legalmente ha adquirido a la comunidad campesina de Tiaparo por contrato de compra venta, en virtud del principio de buena fe registral".
Más adelante, atizando a la profundización del conflicto, el abogado conmina a los pobladores y dirigentes de Tapairihua a que los dejen operar como si nada hubiera ocurrido en todo este tiempo.
"Por otro lado, no autorizamos que se instalen casetas de control o vigilancia dentro de nuestra propiedad. Asimismo, recordamos que está prohibido restringir el uso de vías públicas a entidades públicas y privadas utilizando dichas casetas de control", advierte el asesor legal.
"...nos reservamos el derecho de realizar las acciones legales pertinentes ante el Ministerio Público, PNP, Pder Judicial y otras instituciones por el contenido de las cartas notariales de la referencia y/o futuras comunicaciones", agrega Santillán Mosqueira.
INSPECCIÓN OCULAR
El viernes 9 de mayo, El juez Amilcar Escobar, asi como 115 efectivos policiales y representantes de la empresa tras permanecer un par de horas de lo que quedaba del campamento minero y dialogar por un momento con dirigentes y pobladores, retornaron a Chalhuanca sin más contratiempos, constatando que la mencionada vía estaba despejada.
La comitiva se detuvo por un corto tiemó en el lugar donde se instaló una puerta enmallada a la entrada del poblado y que fue colocada ahí en tiempos del Covid 19 y por la presencia de extraños.
La visita también fue oportunidad para que la fiscal Rosmery Callaymara Ayquipa, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aymaraes pueda levantar el acta de constatación de los daños causados a las instalaciones del campamento que fue incendiado por desconocidos a mediados de marzo. Desde ese fecha no ingresan personal y camionetas al mencionado sector.
Silencio cómplice. A la fecha y pese al tiempo transcurrido, desde la PCM como en la Secretaria de Gestión Social y Diálogo y el Ministerio de Energía y Minas no se visualiza intento alguno para propiciar el diálogo y tender puentes entre la comunidad y empresa que conlleve a la resolución del conflicto.
