El contralor Nelson Shack expresó su preocupación por lo que consideró un retraso del Tribunal Constitucional (TC) en emitir una respuesta al recurso de aclaración presentado para precisar los alcances de la sentencia que suspendió la capacidad sancionadora de la Contraloría de la República hasta que las conductas infractoras sean tipificadas en una ley.

Precisó que, si bien la sentencia no tiene efectos retroactivos, la Contraloría ya ha recibido cerca 600 solicitudes para declarar la nulidad, suspensión y el archivamiento de procedimientos administrativos sancionadores (PAS) que se encontraban consentidos o en trámite.

Según Shack, esto “podría incrementar la sensación de impunidad”, puesto que dichas solicitudes involucran a más de 15 mil funcionarios públicos, en quienes se ha detectado posible responsabilidad administrativa como producto de auditorías de casos emblemáticos.

Además, hizo nuevamente el llamado al Congreso de la República para que debata el proyecto presentado por la Contraloría que tipifica las conductas infractoras.

Entre mayo y junio caducará el plazo para continuar 28 procedimientos administrativos sancionadores, que involucran a 110 funcionarios públicos de gobiernos regionales, municipalidades y ministerios en casos relacionados con el manejo de recursos públicos por más de S/ 28’680,000.

El 28 de abril entró en vigencia el fallo del Tribunal Constitucional que suspendía los efectos de la sentencia antes señalada, hasta que emitiese su pronunciamiento sobre el recurso de aclaración presentado por la Contraloría. Han pasado tres semanas y aún no se ha emitido ningún pronunciamiento formal sobre el tema, dijo Shack Yalta.

Fuente: Gestión