Desde enero hasta abril de este año, la Contraloría General de la República sancionó administrativamente a 468 funcionarios y servidores públicos por incurrir en faltas graves o muy graves durante el ejercicio de sus funciones, por lo que están impedidos de trabajar en el Estado.

De acuerdo a la gravedad de las infracciones, los funcionarios o servidores públicos fueron suspendidos de 30 a 360 días o inhabilitados para ejercer la función pública de 1 a 5 años.

Del número de sancionados, 153 sanciones quedaron consentidas en primera instancia, es decir, no fueron apeladas por los sancionados; y 315 fueron confirmadas en segunda instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).

Las regiones que concentran el mayor número de funcionarios y servidores sanciones son Lima (85), Cajamarca (50), Lambayeque (46), Tumbes (30) y La Libertad (25).

Cabe precisar que la responsabilidad administrativa funcional es independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse contra los funcionarios o servidores por los mismos hechos.

Es importante resaltar que los titulares de las entidades públicas del país deben ejecutar de manera inmediata las resoluciones que emita la Contraloría General y el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, contra los funcionarios y servidores públicos que hayan sido sancionados administrativamente.