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Funcionarios de Municipalidad de Abancay: uno condenado por violencia familiar y otro investigado por contratar a su cónyuge

Siguen saliendo más “perlas” de la gestión del alcalde Raúl Peña que también es procesado junto al regidor José Miranda y el secretario general de la municipalidad, Arturo Miranda, por el delito de violencia contra la mujer y violencia psicológica en agravio de regidora Gladys Gómez.

Funcionarios de Municipalidad de Abancay: uno condenado por violencia familiar y otro investigado por contratar a su cónyuge

Apurímac, 11 septiembre 2025.- Qué bonita familia. No sólo el alcalde de Abancay, Raúl Peña Sánchez, el regidor José Domingo Miranda y el secretario general Arturo Miranda compadecen ante la justicia por el delito de violencia contra las mujeres y violencia psicológica, sino, también, otros funcionarios más, uno de ellos condenado por el mismo delito y el otro investigado por contratar a su esposa en la municipalidad donde se desempeña como jefe de Recursos Humanos.

Cabe precisar, Peña y su primer regidor Domingo Miranda al igual que su primo (Arturo Miranda) fueron denunciados por la regidora Gladys Gómez Gamboa por los delitos de violencia contra la mujer y violencia psicológica. El caso se ventila en la Sala Civil de Abancay con el Expediente EJE-289-2025-34-FT.

LOS FUNCIONARIOS

De otro lado, el funcionario condenado por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se trata del actual gerente de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la MPA, Joel Quispe Cervantes. Este servidor fue sentenciado por el juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Abancay a 1 año de sanción por maltrato psicológico agravado reservándose el fallo condenatorio. 

El magistrado dispuso varias reglas de conducta y de protección a favor de su exconviviente R.V.F, entre ellas: comparecer cada tres meses en la oficina de Servicios Judiciales de la CSJA, no volver a cometer hechos que configuren maltrato psicológico e insultos en lugares públicos y privados, recibir terapia psicológica y al pago de una reparación civil. 

En la mira de la fiscalía. El actual jefe de Recursos Humanos de la comuna provincial, Eliud Chumbes Segovia (y los que resulten responsables) también es investigado por el delito de negociación incompatible en agravio de la entidad. 

Este funcionario habría contratado a su cónyuge y madre de su hijo Yuliana Paucar Quispe en la modalidad de "servicios por terceros" como especialista en monitoreo y saneamiento básico en la Subgerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Abancay en el 2024.

"...esta irregularidad habría sido advertida mediante el oficio N° 24-2025-RR-MPA de fecha 31 de marzo 2025 por parte de los regidores de la Municipalidad Provincial de Abancay en donde señalaron que Eliud Chumbes Segovia permitió la contratación de Margot Yuliana Paucar Quispe, con quien mantiene un vínculo familiar, y además porque no habría presentado la declaración jurada de ausencia de nepotismo, y por ello, no habría respetado los principios de transparencia, mérito ni legalidad. Dicha acción generó un beneficio económico indebido para la contratada, financiado con recursos públicos", señala la carpeta fiscal. 

Cabe precisar, sobre Eliud Chumbes recae la disposición de ampliación de plazo de investigación preliminar por 60 días más que corre en la Carpeta Fiscal N° 1406015500-2025-74-0  de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Abancay. 

En efecto, la disposición fiscal está acompañada de seis órdenes de servicios a nombre de Margot Yuliana Quispe Paucar (0000499, 0000739, 0002218, 0002931, 0004507 y 0003634) que suman un total de S/ 26,666 correspondiente al año 2024. 

La Fiscalía dispuso que todos los investigados se acerquen a brindar sus declaraciones bajo apercibimiento. (P.P.D)


DATO
No solo este caso de nepotismo está siendo investigado. Otros más han sido detectados y se espera la formalización de la investigación preliminar por parte del Ministerio Público los próximos días. El nepotismo es el acto de aprovechar un cargo público o de poder para favorecer a familiares o amigos, otorgándoles empleos, ascensos o favores, sin considerar su mérito o capacidad. Esta práctica es una forma de favoritismo y corrupción que afecta negativamente la meritocracia, desmotiva a los empleados y puede ser sancionada legalmente. 

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