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Carga explosiva que destruyó viviendas en Trujillo es la misma que usa la minería ilegal en Pataz

Cargamento explosivo que es adquirido por mineros e proceso de formalización no es custodiado por policías, como antes se hacía. Variación de la Ley que regula el uso y manipulación de explosivos es letal para la población.

Carga explosiva que destruyó viviendas en Trujillo es la misma que usa la minería ilegal en Pataz

Apurímac, 26 agosto 2025.- Hasta hace algunos años, las organizaciones criminales en Trujillo se limitaban a disparar contra las casas de sus víctimas o dejar una carta con balas como advertencia para forzar el pago de cupos. Hoy usan dinamita y cargas explosivas completas en zonas urbanas. Según fuentes policiales, las bandas de extorsionadores usan al mes de 50 a 100 cartuchos de dinamita.

El ataque de la semana pasada en la avenida Santa, donde una carga voló una vivienda y dañó más de 200 inmuebles y negocios, muestra que las mafias tienen alianzas con otras actividades ilícitas, lo que les da acceso directo a material explosivo.

¿De dónde obtienen los explosivos? De acuerdo con las fuentes policiales y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), los consiguen de la minería ilegal, esa que se ha camuflado con la etiqueta de “en proceso de formalización”.

Los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) compran explosivos sin ninguna fiscalización, para luego venderla en el mercado negro. Si bien son adquiridos legalmente, ya que el Reinfo se los permite, son desviados hacia las organizaciones criminales. Un cartucho de dinamita se vende a 10 soles en el “mercado muerto”. No es casualidad que cada semana se detengan 5 o 7 delincuentes con artefactos de este tipo.

El vacío legal 

Un cambio hace cinco años a la Ley que regula el uso civil de armas de fuego, municiones y explosivos agravó el problema. Antes, se obligaba a un policía en actividad a custodiar cada embarque de dinamita adquirido por mineras, desde la compra hasta su traslado a la zona de exploración y explotación. Toda compra y traslado tenía guías de remisión verificada.

Hoy la situación cambió. No es necesaria la presencia de un policía, basta con vigilancia privada que no rinde cuentas a la autoridad. El control del traslado se redujo a un trámite burocrático sin garantías de seguridad.

Las mafias, con la complicidad de mineros con Reinfo, le han sacado provecho. La dinamita que antes usaban en socavones hoy se usa como arma para extorsionar en Trujillo y otras provincias de La Libertad.

Ahora para manipular y usar explosivo basta con una autorización de la Sucamec, tener un polvorín donde se almacenará la carga, contar con personal autorizado para la manipulación y listo. Se puede trasladar la carga explosiva como si se tratara de un cargamento de verduras. 

Las fuentes explicaron que, incluso, mineros con Reinfo que operan en Pataz (La Libertad), sospechosamente, cuentan con polvorines en Arequipa y Tacna, lo que dificulta más el control.  “La ley se los permite lamentablemente”, explicaron. 

“Es un negocio aparte”

Greco Quiroz Díaz, abogado penalista y exconsejero regional de La Libertad, tiene estimaciones más preocupantes. “Hay una ganancia extrema que explica por qué más del 50 % de la dinamita que se compra de forma legal termina desviada hacia actividades ilícitas. Cada dinamita cuesta entre 20 a 50 soles”, advierte.

Cuestiona que la norma actual no obligue a que policías en actividad custodien el traslado y uso de explosivos. “Mineros informales con credenciales de ‘en proceso de formalización’ acceden a comprar grandes lotes de dinamita con autorización de la Sucamec, pero en la práctica destinan buena parte al negocio ilegal, es un negocio aparte. Un minero artesanal con una operación pequeña no necesita mil cartuchos de dinamita, pero los adquiere igual porque sabe que la mitad los venderá a organizaciones criminales”, sostiene Quiroz.

Greco Quiroz plantea que cada cartucho de dinamita tenga un código de serie, como ocurre con las balas. “De esta manera, si se incauta un explosivo en manos de extorsionadores, se podrá rastrear con exactitud al comprador formal que desvió el material. También hay que fortalecer a la Sucamec, dotándola de ingenieros de minas y articulando sus registros con la Dirección de Fiscalización Minera y las Gerencias Regionales. Sin ese cruce de información, seguirá siendo fácil comprar dinamita en exceso bajo fachada de ‘uso minero’, añadió.

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