Apurímac, 22 agosto 2025.- Donald Trump está dispuesto a usar "todos los elementos de su poder" para detener el "flujo de drogas hacia su país". En estos términos se expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, para justificar el despliegue de tres buques de combate estadounidenses —con cerca de 4.000 marines a bordo— en las aguas del Caribe adyacentes a Venezuela.

Los buques USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson ya navegan rumbo a Venezuela y son la cara visible de la gran operación antidroga que Washington pretende desplegar "durante varios meses" en el mar Caribe. 

Según fuentes del Ejército estadounidense citadas por Reuters, además de los tres destructores –que disponen del sofisticado sistema de misiles guiados Aegis–, se espera que varios aviones espía P-8 y al menos un submarino de combate refuercen el operativo. 

Esta medida llega solo unos días después de que el Departamento de Estado duplicase a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del presidente Nicolás Maduro. 

"El régimen de [Nicolás] Maduro no es el Gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cártel, acusado en EEUU de tráfico de drogas al país", aseguró Leavitt en su comparecencia ante los medios.

Desde Caracas rechazan la acusación de narcotráfico y señalan que el despliegue estadounidense "pone en riesgo la paz y estabilidad de toda la región". En un comunicado emitido por la Cancillería venezolana este martes, el país sudamericano asegura haber conseguido "resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado" desde "la expulsión de la DEA [la agencia antinarcóticos estadounidense] de nuestro territorio en 2005".

En respuesta a las "amenazas del imperio", el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el despliegue de cuatro millones y medio de milicianos. "Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional", afirmó Maduro en un acto público transmitido en cadena nacional.

La Milicia Nacional Bolivariana, fundada en 2007 por Hugo Chávez, es una de las cinco ramas que forman la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Se trata de un cuerpo de población civil voluntaria, que el Gobierno venezolano cifra en unos cinco millones de personas, y que recibe instrucción militar y actúa como fuerza de apoyo del Ejército regular "en la defensa integral de la nación". Se trata de una organización altamente ideologizada potenciada desde el propio Gobierno en su objetivo de alcanzar "la unión cívico-militar".

Además del despliegue masivo de milicianos, Diosdado Cabello, ministro de Interior y uno de los pesos pesados del chavismo, aseguró ante el despliegue estadounidense: "Nosotros también estamos desplegados, en el Mar Caribe, en nuestro mar territorial venezolano, para defender nuestra soberanía".

A principios del mes de agosto Donald Trump llevó a un nuevo nivel su lucha contra el narcotráfico al firmar, de manera secreta, una directiva que permite al Pentágono usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración considera organizaciones terroristas. 

La medida, revelada por The New York Times, abre la puerta a operaciones militares contra estos grupos fuera de territorio estadounidense. Pero existen serias dudas, tanto dentro como fuera de EEUU, sobre la legalidad de realizar un eventual ataque contra un tercer país. 

Entre la decena de cárteles de la droga que Trump considera "organizaciones terroristas" figura el Cártel de los Soles, organización supuestamente dirigida por Maduro y que tendría como brazo armado a las guerrillas colombianas que operan en la frontera con el país. Una declaración vaga y que no ha sido probada por la administración estadounidense.

Incluso medios especializados como InSight Crime —referente en el análisis del crimen organizado en América Latina y crítico con el gobierno de Nicolás Maduro— cuestionan la narrativa de Washington sobre el llamado Cártel de los Soles. 

Según el portal, esa caracterización "refuerza una visión equivocada de esta red como una organización jerárquica e ideológica dedicada al tráfico de drogas, cuando en realidad se trata de un sistema de corrupción estatal que involucra a altos mandos militares". 

Para Trump, el cártel representa la expresión más acabada de "un narcoestado": una red controlada desde las más altas esferas civiles y militares del poder. De ahí el nombre de Soles, tomado de la insignia dorada que identifica a los generales de la Fuerza Armada venezolana.

Pero lo cierto es que las pruebas puestas encima de la mesa por la Administración Trump —un puñado de casos donde funcionarios o militares venezolanos se vieron inmiscuidos en operaciones de narcotráfico— no presentan un patrón que permita afirmar que estamos ante un cártel. De hecho, aunque Trump afirma que el grupo opera desde principios de los 2000, ningún otro presidente estadounidense —ni George Bush, ni Barack Obama, ni Joe Biden— empleó jamás la retórica del narcoestado contra Venezuela.

Según los datos de tráfico de estupefacientes en la región en los últimos años realizados por InSightCrime, "no hay evidencia suficiente que demuestre que esta banda sea un actor relevante en el envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos". Este mismo medio recuerda que "el destino de los cargamentos se determina por criterios de rentabilidad, no ideológicos".

No obstante, no es la primera vez que Trump recurre al narcotráfico como argumento de política exterior. En febrero, apenas días después de volver a la Casa Blanca y en un movimiento inesperado, lanzó una guerra arancelaria contra China, Canadá y México, a quienes acusó de alimentar la crisis del fentanilo en EEUU. "El anuncio arancelario de hoy es necesario para responsabilizar a China, México y Canadá de sus promesas de detener el flujo de drogas venenosas hacia nuestro país", señaló entonces la Casa Blanca en un comunicado.

El despliegue de buques de combate en el Caribe representa una escalada en las relaciones entre EEUU y Venezuela. Pero lo cierto, es que hasta ahora la Administración de Trump, pese a su afilada retórica contra el chavismo, se ha mostrado profundamente pragmática en sus decisiones respecto a Caracas.

En julio de este año, en una negociación a tres bandas donde también estuvo presente el salvadoreño Nayib Bukele, Caracas y Washington acordaron un intercambio de presos: diez estadounidenses detenidos en Venezuela y la repatriación de 252 migrantes venezolanos que EEUU deportó a El Salvador.

Unos días después, se conoció por filtraciones a la prensa que Trump había otorgado una licencia a la gigante petrolera Chevron para que mantuviese un mínimo de operaciones en el país sudamericano. "Chevron tiene 102 años en Venezuela, y yo quiero que tenga 100 años más, y trabajar sin problema", celebró entonces Nicolás Maduro.

Pero sobre todo, Trump se ve obligado a mantener ciertos puentes con Maduro si quiere llevar a cabo su anunciada y prometida "deportación masiva". En mayo, el Tribunal Supremo estadounidense fallaba a favor de la medida de Trump de eliminar el estatuto de protección temporal del que gozaban 350.000 migrantes venezolanos. 

La intención declarada del Gobierno es su deportación, pero ello obliga a que el país de origen —pues una cantidad tan elevada no podría ser absorbida por un tercer Estado— acepte los vuelos de repatriación.

La retórica del narcoestado tensa aún más las siempre complejas relaciones entre Washington y Caracas. Desde hace décadas sobre Venezuela sobrevuela la amenaza de una intervención militar, pero el chavismo ha aprendido a adaptarse a las sanciones y se reivindica preparado para "cualquier escenario". 

La incógnita ahora es cuánto pesará el pragmatismo y cuánto la mano dura en la nueva administración de Donald Trump.

Fuente: Público