Apurímac 8/05/2025.- Si bien, la realidad de la actividad minera artesanal en Apurímac se diferencia de lo que sucede en otras regiones del país, La tragedia de Pataz, donde 13 trabajadores de seguridad fueron secuestrados y asesinados por mafias vinculadas a la minería ilegal, pone en tela de juicio la coherencia política del Congreso de la República. 

Un total de 84 parlamentarios —incluidos los dos representantes de Apurímac- votaron a favor de la ampliación del Reinfo, el régimen que, lejos de cumplir el objetivo de formalizar la pequeña minería, sirve de escudo legal para operaciones ilícitas, tal como advierten los especialistas.

 

Paradójicamente, muchos de estos legisladores salen ahora a expresar su “solidaridad” con las víctimas y sus familias, pese a que respaldaron la continuidad de un sistema normativo que permite la expansión de la minería ilegal, justamente la que hoy desangra regiones como La Libertad, Madre de Dios y Puno, entre otras. 

En la última ampliación del Reinfo —cuestionada por diversos sectores y observada por el Tribunal Constitucional— los legisladores Paúl Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial) quien, además, es presidente de la Comisión de Energía y Minas, así como Elizabeth Taipe Coronado (Perú Libre) apoyaron la medida. 

Desde su implementación en junio de 2017, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha recibido más de 90 mil solicitudes. Sin embargo, solo 2.108 lograron culminar con éxito el proceso de formalización, es decir, apenas el 2.34 % del total. Una vez formalizados, estos salen del registro, lo que deja un enorme volumen de operaciones “en proceso”, muchas de las cuales siguen funcionando sin controles reales ni fiscalización efectiva.

El Reinfo, que inicialmente fue planteado como una herramienta transitoria para atraer a la legalidad a los pequeños mineros informales, terminó convirtiéndose en un salvoconducto para las organizaciones criminales que se han posesionado en esta actividad. 

Tras la masacre en Pataz, varios de estos congresistas han difundido comunicados de solidaridad, exigiendo seguridad y justicia. Sin embargo, la contradicción es evidente: avalaron con su voto una norma que ha facilitado el crecimiento de la minería ilegal, precisamente el sector que estaría detrás del asesinato de los 13 trabajadores.