Apurímac 1/07/2025.- El congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular,  presentó en dos ocasiones el proyecto de ley que busca sancionar las denuncias falsas en procesos de violencia contra la mujer y violencia familiar. La iniciativa que sigue en trámite es la 11561/2024-CR, actualmente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Familia.

El pasado 12 de junio, el parlamentario Muñante,  presentó el Proyecto de Ley (PL) N° 11561/2024-CR. Cuatro días después, el 16 de junio, introdujo el mismo texto bajo el PL N° 11663/2024-CR; no obstante, debido a la duplicidad, este último fue retirado el 19 de marzo a petición del propio legislador.

Pese a la confusión generada, el contenido del proyecto —que propone penas de tres a seis años de prisión efectiva para quienes presenten denuncias de agresión contra una mujer o un integrante del grupo familiar que luego no resulten en condena— sigue su curso bajo el PL N° 11561/2024-CR.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han advertido que esta propuesta apuntaría a deslegitimar la Ley 30364,  norma vigente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Asimismo, podría convertirse en un mecanismo para criminalizar a las víctimas y limitar su acceso a la justicia.

“Es un retroceso inadmisible. Es una propuesta de ley completamente nefasta, y quien la suscriba o la apoye está, definitivamente, del lado de los agresores”, declaró Liz Meléndez, directora del Centro Flora Tristán, en diálogo con Wayka.

En un  contexto en el que, según el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, el 70,8 % de las mujeres expuestas a violencia no busca ayuda en ninguna institución, una ley como esta podría desalentar aún más las denuncias.

Uno de los argumentos del proyecto es el bajo número de sentencias en casos de violencia familiar a diferencia de los casos denunciados; sin embargo, Meléndez explica que, “Esta diferencia no significa que las denuncias fueran falsas, sino que el sistema les falló a las víctimas, como ocurre en la práctica”.

Y es que las sobrevivientes enfrentan múltiples obstáculos: desde la desconfianza hacia sus testimonios hasta fallas en el sistema judicial y en la ruta de atención. A esto se suman barreras geográficas, económicas y emocionales que, en muchos casos, impiden continuar con el proceso.

Además, la iniciativa plantea sancionar o inhabilitar a los servidores públicos —médicos, psicólogos, abogados y policías—que colaboren con las “denuncias falsas”.

Para Familias Unidas por Justicia, una organización conformada por familiares de víctimas de violencia familiar, el congresista Muñante pretende socavar las políticas de género y debilitar las políticas de protección. Además, expresaron que atacar la ley es negar la memoria de las víctimas de feminicidio y el derecho a la justicia de sus familiares.

En tanto, el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), indicó que «lo que preocupa es que las voces de las víctimas de violencia sexual o de otras formas sean consideradas de arranque como denuncias falsas, reforzando más la exigencia de pruebas».

Como se recuerda, la legislación peruana ya contempla normas que sancionan los daños a la reputación por denuncias falsas. El artículo 402 del Código Penal establece penas de hasta tres años de cárcel por calumnia. Sin embargo, el proyecto en debate pretende crear una agravante específica para casos que involucren a mujeres o integrantes del grupo familiar.

Al respecto, Meléndez advirtió que crear una ley específica para estos casos no solo desalienta a las víctimas, sino que las somete a una vigilancia extrema. «El generar una propuesta específicamente para el caso de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, claramente es una actitud misógina y de desprotección a las víctimas de violencia», concluyó.

Fuente: Wayka