Apurímac 30/06/2025.- Una presunta maniobra promovida por los integrantes del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (Unamba) para impedir que 39 docentes contratados puedan nombrarse y adquieran derechos laborales en esta casa de estudios superiores, salió a la luz pública a raíz de un informe de la Contraloría publicado el 13 de junio último.

Se trata de la Orientación de Oficio N° 014-2025-OCI/5357-SOO que precisa los lineamientos para la aplicación de la Ley N° 32171, que autoriza excepcionalmente, el nombramiento de docentes contratados en las universidades públicas del país (incluyendo la Unamba) para la categoría de profesor auxiliar y asociado.  

La intervención de la Contraloría se origina a raíz de las denuncias presentadas por los mismos agraviados que alertaron de esta maniobra arbitraria e ilegal cometida por la "argolla altiplánica" con mayoría en el Consejo Universitario que buscaba impedir que se acojan al nombramiento excepcional como establece la ley.

"De la revisión efectuada a los "Lineamientos para la aplicación de la Ley  N° 32171 (...) aprobado por el Consejo Universitario de la Unamba, se ha identificado una situación adversa que amerita la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso de nombramiento excepcional de docentes contratados en el marco de la citada ley", precisa el informe.

Para  darle visos de "legalidad" a esta leguleyada administrativa, Wilber Jiménez Mendoza, en su condición de rector, firmó la Resolución N° 246-2025-CU-UNAMBA del 10 de junio 2025, aprobando los lineamientos para este nombramiento y permitiendo que se agreguen requisitos que no están contemplados en las normas vigentes con el único propósito de arrebatarles el derecho adquirido. 

Cabe indicar, el Consejo Universitario está conformado por  Wilber Jiménez Mendoza (rector), Mauro Huayapa Huaynacho (vicerrector académico), Wilson Mollocondo Flores (vicerrector de Investigación), Fulgencio Vilcanqui Pérez (decano de la Facultad de Ingeniera y decano delegado), Edward Ilasaca Cahuata (director de Posgrado), Wilmer Ayquipa Arbieto y Richard Condori Quispe (representantes de los estudiantes). 

Los docentes afectados en los últimos días han presentado sendos recursos y escritos ante el Ministerio Público, el Poder Judicial, Sunedu, Congreso de la República, Ministerio de Educación y la misma Contraloría con el propósito de detener este irregular proceso, toda vez que el principal argumento esbozado por las actuales autoridades universitarias es que se rigen de resoluciones anteriores, las cuales fueron emitidas en plena crisis institucional interna y cuando habían dos rectores.    

"Los docentes contratados de la Unamba que cumplimos con todos los requisitos establecidos por la Ley N° 32171 manifestamos nuestro profundo rechazo frente a la publicación intempestiva, minutos antes de la medianoche del 16 junio, de los resultados finales del proceso de nombramiento excepcional en los que -de manera insólita- se ha declarado "no apto" al total de postulantes. Esta decisión se basa en exigencias no previstas por la ley; vulnera los principios esenciales como legalidad, debido procedimiento y el derecho a la defensa, más aún al haberse eliminado injustificadamente la etapa de reclamos, impidiendo impugnar los resultados...", precisan las denuncias. 

Para redondear la presunta arbitrariedad cometida que pone en evidencia, una vez más, el despropósito de la "argolla altiplánica" para colocar a docentes que le resulten funcionales a sus cálculos e intereses de camarilla y días después que 39 docentes fueran declarados "no aptos", ahora están convocando al llamado "Proceso de admisión a la carrera docente ordinario 2025, elaborado a su medida y talla para confundir a la opinión pública regional.

Los denunciantes no han tenido oportunidad para reclamar y presentar sus observaciones ante la decisión tomada por las cuestionadas autoridades universitarias que le impidieron ejercer ese derecho, razón por el cual, los siguientes días serán determinantes para detener la arbitrariedad cometida por el Consejo Universitario y se dispongan los correctivos de acuerdo a lo establecido en la ley. 

"Resulta profundamente indignante que un rector (Wilber Jiménez)  elegido con la promesa de ordenar la universidad y respetar la ley, hoy encarne todo lo contrario: su conducta revela un desprecio absoluto por la legalidad y una alarmante inclinación hacia la corrupción. Lejos de ser un líder académico, se comporta como un autócrata, afirmando con arrogancia tener “control total” sobre los docentes y despidiendo sin escrúpulos a quienes se atreven a cuestionarlo. Ha pervertido el espíritu universitario, convirtiendo la representación estudiantil en una red de favores familiares, donde muchos asambleístas tienen parientes contratados por la misma institución", afirmó un docente que expresó su descontento por la actitud asumida de Jiménez Mendoza tras sentarse en el rectorado. (P.P.D)