(Lunes 20/06/2022).- Los deudos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos en la marcha de protesta del 14 de noviembre del 2020, no se quedarán de brazos cruzados tras la aprobación del informe elaborado por el congresista Alejandro Cavero que exime de responsabilidad al expresidente Manuel Merino y a los exministros Ántero Florez-Aráoz y Gastón Rodríguez; y el archivamiento al que fue enviado el caso. 

Los familiares han decidido acudir al sistema interamericano de derechos humanos con el propósito de ser escuchados y atendidos en sus demandas.

El abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, quien patrocina a los deudos, consideró el informe Cavero como un hecho lamentable tanto para la familia de Inti como de Bryan y de la decena de jóvenes heridos, que tenían expectativas de poder acceder a su derecho a la justicia.

Refirió que sabían que el Congreso no iba a emitir ningún tipo de sanción, ni mucho menos, pero anotó que el Parlamento podría haber permitido que el sistema de justicia actúe sobre la base de una acusación que es bastante grave para ex altos funcionarios.

Señaló que eso es lo que se ha evitado mediante un acto de encubrimiento, porque más allá de los discursos y de los argumentos sin ningún sustento que ha expresado el congresista Alejandro Cavero, lo que han hecho en términos concretos es un acto de encubrimiento.

Rivera sostuvo que frente a esta situación ya no puede ocurrir nada favorable a las víctimas. Aún cuando se ha presentado un pedido de reconsideración, el abogado manifestó que no tiene mucha expectativa en que eso cambie la situación. Esto debido a la lógica con que la mayoría del Congreso está asumiendo un hecho de esta naturaleza.

“Por lo tanto, la decisión que estamos tomando es acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Me parece que es el único camino respecto de esa parte del caso en lo que corresponde a la responsabilidad de los ex altos funcionarios del gobierno de entonces. Puede ser un camino útil, óptimo, que va a costar años sin duda alguna, pero por lo menos en el sistema interamericano me parece que no vamos a tener una respuesta politizada sino que se ajuste a la determinación de las obligaciones que un Estado tiene en cuanto a investigaciones de crímenes en contra de los derechos humanos”, estimó Carlos Rivera.

También informó que van a esperar el término del procedimiento de reconsideración, del que insistió no se hacen muchas expectativas, pero van a esperar que se cumpla.

“Luego de eso, supongo que en un par de semanas estaremos presentando una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, anunció.

Rivera insistió en que el informe y la decisión que tomó el Congreso de archivar el caso son bastante arbitrarios.

“Quien lea el documento se sorprenderá del nivel tan mediocre en términos de la capacidad de poder sustentar una cosa tan grave como la que sustentan. Desconocen no solamente opiniones sino el resultado de una investigación seria de la Fiscalía de la Nación, en la que se determinó la responsabilidad de tres personas. Eso frente a cualquier análisis que parta de elemental criterio de seriedad tiene que sorprender. Ha preponderado un criterio solamente político”, anotó.

A raíz del archivamiento de este caso, el congresista Edgar Raymundo presentó una solicitud de reconsideración que podría verse en la siguiente sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual aún no tiene fecha fijada.

Pacha Sotelo, hermano de Inti, manifestó que necesitan el voto de la mayoría. Recordó que anteriormente el legislador Waldemar Cerrón no votó porque estuvo ausente y con él podrían haber tenido un voto a favor. También apeló a la parte humana de la congresista María Acuña, quien votó en abstención. Hecho que, según dijo, lo sorprendió ya que ella siempre tuvo una postura en contra de lo ocurrido con las víctimas.

“Creo que con estos dos votos podemos alcanzar la mayoría. De no darse esto, el abogado ya nos ha comentado que el Congreso, al obstruir la investigación, estaría faltando a una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tal motivo se le puede denunciar al Estado por incumplir este requisito. Esto va a llevar años, pero con el informe muy bajo de fundamentos, irregular, mal redactado, obviamente tenemos todas las de ganar afuera este juicio”, sostuvo Pacha Sotelo.

El adjunto de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, sostuvo que la aprobación del informe Cavero significa “un mal precedente” en la investigación de violaciones de derechos humanos en el Perú.

Castillo dijo, en declaraciones a la emisora RPP, que se evaluará con las respectivas familias los siguientes pasos y uno de ellos puede ser acudir a una instancia internacional, ya que el tema en el Congreso de la República está cerrado.

Precisó que el Perú tiene obligaciones internacionales en cuanto a la protección de los derechos humanos y estas no habrían sido contempladas en el informe del congresista Alejandro Cavero.

Fuente: La República