Decomisaron más de 600 kilos de pollo congelado con fecha de vencimiento vencida.
El día 14 de febrero del 2017, desde las 09:00 horas, personal PNP del Departamento de Seguridad del Estado Abancay, se constituyó a diferentes distribuidoras Frigoríficas (DISTRIBUIDORAS DE POLLOS CONGELADOS) del Centro Poblado Las Américas, en vías de prevención a la comisión de Delitos Contra la Salud Pública.
Se intervino a los siguientes Frigoríficos:
Distribuidora “SANTA ISABEL”, de Honorato SANCHEZ CALLER, ubicado en el Jr. Guatemala N° 105, donde se intervino y decomiso DIESISEIS (16) Sacos de polietileno color blanco, con contenido de presas de pollo (piernas) embolsados con etiqueta vencida. Para su comercialización con límite de venta el 09FEB2017.
Distribuidora “ARTUROS”, de Claudio SANCHEZ BENITES, ubicado en el Jr. Cuba N° 125, donde se intervino y decomiso VEINTICUATRO (24) Sacos de polietileno color blanco, con contenido de presas de pollo (piernas) embolsados con etiqueta vencida. Para su comercialización con límite de venta el 09FEB2017.
Contabilizando un total de CUARENTA (40) Sacos de polietileno color blanco, cada uno con 15 kg de peso, haciendo SEISCIENTOS (600) Kg., decomisados, por encontrarse con etiqueta en cada embolsado y saco vencido, significándole que se solicitó el apoyo de la Unidad móvil de la Oficina de Participación Ciudadana PNP Abancay, para trasladar lo decomisado al botadero de Abancay para su última disposición y descomposiciones con los procedimientos establecidos de Ley, por no considerarse apto para el consumo humano.
Se contó con la presencia del Representante del Ministerio Público, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito Abancay, representante de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – DESA –DIRESA – Abancay y representantes de la Municipalidad Provincial de Abancay,
El proyecto de ley fue presentado por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi. Pretende modificar el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal.
Actualmente enfrenta una sentencia por delito de corrupción. En mayo de 2024, el Poder Judicial la condenó a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva, además de inhabilitarla por cinco años para ocupar cargos públicos, debido a su responsabilidad en un caso de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.