(Jueves 31/03/2022).- El magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Manuel Chuyo Zavaleta, dictó este miércoles cinco meses de impedimento de salida del país contra 10 personas investigadas en el caso Puente Tarata III (Provías), entre los que se encuentran los sobrinos del presidente Pedro Castillo: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

Chuyo acogió el pedido de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, quien sostuvo que si bien algunos de los procesados tienen detención preliminar, esta medida solo duraría por 10 días por lo que era importante asegurar su presencia en el Perú para que asistan a futuras diligencias como declaraciones, reconocimiento de información o bienes incautados, entre otros.

“En todos los casos se ha verificado la necesidad de la medida ya que existen diligencias que exigen su presencia, así como la toma de declaraciones”, manifestó el juez Chuyo durante la lectura de su resolución esta tarde, luego de que por la mañana los abogados de todos los investigados estuvieran de acuerdo con no salir al extranjero para seguir afrontando el caso.

Durante la audiencia, además, Chuyo manifestó que si bien el pedido de impedimento de salida iba dirigido contra 11 personas, se iba a excluir por el momento al empresario Zamir Villaverde García, ya que este no había sido notificado por completo del pedido.

La fiscal Zecenarro planteó así sus argumentos contra las siguientes personas:

Víctor Vadivia Malpartida: quien fue miembro del comité de selección de la licitación del proyecto tarata III. Zecenarro indicó que Valdivia concertó con miembros de la empresa Termirex “para favorecerlos con el otorgamiento de la buena pro pese a que no cumplían con los requisitos”. “La detención no garantiza que se quede en el país pasados estos 10 días”, indicó la fiscal.

Edgar Vargas Mas: también miembro del comité de selección. Zecenarro sostuvo que Vargas “fue favorecido en noviembre de 2021 con un ascenso por lo que se advierte que esta sería la consecuencia de las acciones indebidas al favorecer al consorcio” y tenía solvencia para salir al extranjero.

Héctor Pasapera López: representante del consorcio Puente Tarata III. La fiscal resaltó que Pasapera “ha tenido viajes al extranjero a países como Estados Unidos y México, tiene la solvencia para salir del país”, por lo tanto, debía tener una limitación para que colabore con las indagaciones.

George Pasapera Adrianzén: fue gerente general del consorcio Puente Tarata III. “Viajó a Panamá en mayo de 2021 y coincide con fechas de su hermano Marco Pasapera Adrianzén, cuenta con los medios para salir del país”, sustentó la fiscal contra el investigado.

Víctor San Miguel Velásquez: también representante del consorcio Puente Tarata III. Se le atribuye falsificación de documentos. “Registra viajes a Brasil, México y EEUU, por lo que tiene solvencia para salir del país”, alertó la fiscal en audiencia.

Luis Pasapera Adrianzén: Tenía influencias con funcionarios de Provías a través del empresario Zamir Villaverde García. “Actualmente tiene detención preliminar, no fue ubicado pero se puso a disposición ayer”, comunicó la fiscal.

Marco Pasapera Adrianzén: participó en el ofrecimiento de adjudicación de obras direccionadas en Provías. “Existe la necesidad de que acuda a declarar y dar su versión de los hechos. Registra también viajes desde el 2017, y más de 10 viajes a Estados Unidos”, indicó la representante del Ministerio Público.

Alcides Villafuerte Vizcarra: fue gerente de obras de Provías Descentralizado. Se reunió con Marco Pasapera Adrianzén, que fue socio fundador de Termirex y, luego del encuentro, se postergó la fecha de presentación de propuestas. “Sigue no habido y no se ha puesto a disposición de las autoridades. Se allanó su inmueble e incautado información por lo que necesitamos garantizar su presencia en futuras diligencias”, adujo la fiscal.

Fray Vásquez Castillo: Tuvo vinculos con Zamir Villaverde para lograr la designacion de funcionarios en Provías (la de Alcides Villafuerte). Habría invocado ante Luis Pasapera Adrianzen, además, tener influencias con funcionarios de Provías para la licitación del Puente Tarata III. “Está no habido y con oden de captura”, resaltó Zecenarro.

Gian Marco Castillo Gómez: Fue quien llamó en octubre de 2021 a Bruno Pacheco para que se dé el visto bueno de designación de Alcides Villafuerte, días antes de que se otorgue la buena pro al consorcio Puente Tarata III.

Los abogados de cada uno de los implicados, al término de la audiencia de la mañana, manifestaron estar en desacuerdo con los cargos que les imputó la Fiscalía, sin embargo, no se opusieron al impedimento de salida.

La defensa de los sobrinos de Pedro Castillo, Luis Vivanco, por su parte, manifestó que “ndependientemente de este argumento y las discrepancias jurídico-académicas que puedan tener con relación al requerimiento, debo expresar que nuestra parte no va a formular una oposición y nos vamos a allanar porque quiero expresar que no tienen ninguna intención de abandonar el país”.

Para el Ministerio Público, el caso abarca a una organización criminal que “se formó en 2021 y tuvo como objetivo la designación de funcionarios de confianza en Provías Descentralizado para que viabilicen o direccionen adjudicaciones a favor de empresas allegadas a la red, teniendo en cuenta los vínculos entre los empresarios como funcionarios del gobierno”.

Según la investigación fiscal, los sobrinos del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, en confabulación con Zamir Villaverde, ofrecían a compañías constructoras proyectos de carreteras y puentes de la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en particular de los organismos Provías Nacional y Provías Descentralizado.

Villaverde se ofrecía como “operador del presidente de la República” a los empresarios interesados, luego estos se reunían con los sobrinos del jefe del Estado. Fray Vásquez y Gian Marco Castillo coordinaban luego con el presidente y el exministro Juan Silva la adjudicación concertada ilegalmente de las obras públicas, conforme a la fiscal Zecenarro.

La investigación se abrió luego de conocer denuncias acerca de la adjudicación irregular del proyecto de S/232 millones a favor de un consorcio integrado por la constructora Termirex.

El caso, que aún se encuentra en etapa preliminar, invetiga los siguientes delitos: colusión agravada, tráfico de influencias, organización criminal, falsa declaración y falsificación de documentos.

Fuente: La República