Apurímac, 27 noviembre 2025.- Acaba de instalarse, en la ciudad de Abancay, la jefatura zonal Apurímac de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y empezará a atender desde fines de diciembre.
El jefe de la oficina es el coronel PNP (r) Luis Alberto Ladrón de Guevara Lovón, quien se desempeñó anteriormente como director de la Escuela Policial de Pacucha (Andahuaylas), jefe de Disciplina de las escuelas de posgrado de la PNP, comisario de Monterrico y Lince (Lima) y jefe de División en el VRAEM (Los Sinchis de Mazamari).
Si bien la apertura de una oficina descentralizada de Sucamec ayudará en las gestiones de los mineros artesanales, también preocupan las directivas de Lima. Según trascendió, Sucamec Apurímac comenzaría a fiscalizar (interdicción), junto con la Fiscalía y la PNP, en las bases mineras por la comisión de tenencia y uso ilegal de explosivos y relacionados.
Todos los mineros de Apurímac con Reinfo activo (más de 2,000) han presentado sus expedientes para adquirir explosivos legalmente, según el Decreto Supremo 009-2025-EM, pero por carencia de personal, existe retraso tanto en la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) como en Sucamec Lima, por lo que en la actualidad muy pocos mineros cuentan con autorización para uso de explosivos.
En Apurímac solo se encuentra un polvorín autorizado con capacidad para menos de 100 mineros.
"Si van a comenzar con las fiscalizaciones (interdicción), es posible que muchos mineros en vías de formalización terminen en la cárcel, no por su culpa sino por la inoperancia del Estado. Por ello, FEDECIM de Apurímac acudió a sus asesores legales especializados en trámite de explosivos", comentó un dirigente minero.
Sostuvo que presentarán, en el plazo más breve, la garantía constitucional de acción de cumplimiento ante el Poder Judicial para que Sucamec dé las autorizaciones dentro del plazo. Asimismo, para que no sean denunciados por la comisión de tenencia y uso ilegal de explosivos y relacionados, presentarán una demanda de garantía constitucional de acción de amparo.