El premier Eduardo Arana afirmó que el Ejecutivo ya cuenta con mecanismos de preparación ante posibles renuncias de ministros y altos funcionarios
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció sobre la posibilidad de que algunos miembros del gabinete ministerial presenten su renuncia para participar en las Elecciones Generales 2026, en cumplimiento del marco legal establecido por la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). El primer ministro descartó que estos cambios generen sobresaltos en la gestión del Ejecutivo, señalando que ya se cuenta con mecanismos de preparación para enfrentar eventuales dimisiones.
El 13 de octubre de 2025 es la fecha límite para que
autoridades y altos funcionarios que deseen postular a un cargo de elección
popular presenten su renuncia. Esto incluye al presidente de la República, ministros,
viceministros, gobernadores, vicegobernadores y alcaldes. “Esta es una
eventualidad en la que cualquier alto funcionario, incluyendo un ministro de
Estado, si es que lo desea, tiene la libertad dentro de su derecho
constitucional a participar políticamente”, afirmó Arana durante una
conferencia de prensa.
El premier recordó que el Ejecutivo ya ha enfrentado
situaciones similares, como la renuncia del exministro de Justicia, Juan José
Santiváñez, sin que ello afectara la continuidad de las funciones del Gobierno.
“Cómo nos estamos preparando, como siempre, con bastante prevención, le aseguro
que no habrá mucho sobresalto, no habrá muchas novedades”, sostuvo.
Plazos y procedimientos para renuncias
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que las
renuncias deben presentarse ante la autoridad competente según el cargo. Para
el presidente de la República, la solicitud se tramita ante el Congreso. En el
caso de gobernadores y vicegobernadores, la renuncia se presenta ante el
consejo regional correspondiente, mientras que los alcaldes deben remitir sus
documentos al concejo municipal. Todos estos cargos deben registrarse en el
Jurado Electoral Especial (JEE) al momento de inscribir la candidatura.
Además, los documentos de renuncia de gobernadores y
alcaldes pueden ingresarse a través de la Mesa de Partes Virtual (MPV) del JNE
hasta el 20 de octubre de 2025. Para los miembros de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional que aspiren a postular, el plazo para pasar a situación de
retiro también culmina el 13 de octubre.
Por su parte, los trabajadores y funcionarios de entidades
públicas, poderes del Estado y empresas estatales que deseen postular a cargos
de elección popular deberán solicitar licencias sin goce de haber, que se
concederán desde el 11 de febrero de 2026, es decir, 60 días antes de los
comicios. Estas solicitudes deben indicar explícitamente la fecha de inicio de
la licencia.
Reemplazos ante renuncias
En caso de que un gobernador presente su renuncia, el
vicegobernador asumirá el cargo de inmediato. Si ambos dimiten, será el consejo
regional quien elija a los reemplazantes. En el caso de los alcaldes, el
concejo municipal designará al burgomaestre encargado, quien posteriormente
deberá solicitar su credencial al JNE tras la renuncia del titular.
Estas disposiciones buscan garantizar la continuidad
administrativa y la transparencia del proceso electoral, permitiendo que los
gobiernos regionales y municipales mantengan sus funciones mientras se
desarrollan las elecciones. Asimismo, brindan claridad a las organizaciones
políticas y candidatos, asegurando que todas las candidaturas se inscriban
dentro del marco legal.
El Ejecutivo reafirma su compromiso con la estabilidad
institucional y la legalidad, al tiempo que respeta los derechos políticos de
los altos funcionarios. Según Arana, el gabinete ministerial está preparado
para afrontar las eventualidades propias del calendario electoral, evitando
impactos significativos en la gestión pública y asegurando que la atención a la
ciudadanía continúe de manera regular.
Con estas medidas, el Gobierno busca que el proceso hacia
las Elecciones Generales 2026 se realice dentro de la normalidad, garantizando
un transición ordenada y segura para todos los niveles de autoridad implicados
en los comicios, sin generar perturbaciones en la administración del Estado.
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