Apurímac, 19 agosto 2025.- En mayo de 1988 un total de 37 campesinos del distrito de Cayara (Ayacucho) fueron asesinados. Se presume que se trató de ejecuciones extrajudiciales del Ejército. Más de tres décadas después los familiares de las víctimas siguen esperando justicia. 

A ello se suma que ocho de los militares procesados por este caso podrían quedar libres de toda culpa acogiéndose a la Ley de Amnistía promulgada por el gobierno de Dina Boluarte. La Sexta Sala Penal Superior anunció que no se pronunciará sobre cada pedido sino hasta la sentencia.

Se trata de los exmilitares Gino Espejo Lamas y Alejandro Avendaño Dávila, cuyas defensas han presentado un oficio al Poder Judicial para acogerse a la ley N°32419, popularmente conocida como Ley de Amnistía, la cual exonera a militares, policías y miembros de los Comités de Autodefensa procesados por crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.

A estos petitorios escritos se sumó de forma oral los de otros seis procesados en el mismo sentido durante una audiencia de juicio oral del caso este 18 de agosto. Estos fueron presentados por los abogados de Julián Joaquín Solórzano, José Valdivia Dueñas (jefe político militar de Ayacucho en 1988), mientras que la defensa pública de los cuatro restantes, que se encontraban ausentes, también se sumó a la solicitud.

En la audiencia privada "la mayoría (de las defensas de los procesados) argumentó que la ley es de carácter vinculante a la Sala, por lo que no habría posibilidad de hacer ningún control de convencionalidad y debería otorgarse de una vez", precisó a La República Gloria Cano, responsable del Área legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

Asimismo, precisó que la defensa del exgeneral Valdivia Dueñas, reo contumaz prófugo de la justicia, argumentó que su cliente no se encuentra en la clandestinidad sino que "está guarecido". También, aseguraron que no se estaría vulnerando al derecho a la verdad, pues está ya ha sido señalada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y que se trata de una persona de 89 años.

En tanto, el representante legal de Julián Solórzano manifestó que no solo se debería tener en cuenta el dolor de los familiares de las víctimas, sino también el de los procesados.

Respecto a Alejandro Avendaño, conocido en el ámbito militar como "Grass", cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal Virgen de La Merced en Chorrillos (Lima) desde el 30 de mayo de este 2025. Tan solo tres días después de que la Ley de Amnistía se oficializó en el diario El Peruano, su defensa interpuso una excepción de prescripción al amparo de esta norma. Con esto, pide que se declare extinguida la acción penal y se disponga el archivo definitivo de la causa. A su vez, pide la libertad inmediata de su cliente.

Por su parte, la defensa de Gino Espejo Lamas también pide que se aplique la referida ley a su cliente, quien se encuentra procesado en la etapa de juicio oral por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud - homicidio calificado - en agravio de los ciudadanos del distrito de Cayara los días 14 y 15 de 1988.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Tania Pariona, rechazó los petitorios, especialmente el del exgeneral Valdivia, quien se encuentra prófugo de la justicia y desde esa condición pidió ser exonerado del proceso. 

"Lo indignante es que el señor Valdivia Dueñas, quien está prófugo de la justicia, aparezca campamente en la audiencia (virtual) para pedir su amnistía. Es sumamente vergonzoso. Todavía viviendo de él que dice respetar las normas", declaró a este medio.

Agregó que la fiscal Teresa Nelly Tapia sustentó las razones por las cuales es incompatible aplicar la Ley de Amnistía en el caso Cayara, por tratarse de violaciones a los derechos humanos. "Ella propuso que se aplique el control difuso y el control de convencionalidad. Además, resaltó que la norma es incompatible con el marco legal internacional", expresó Pariona.

"Es probable que en adelante lleguen más pedidos. No lo dudo. Veremos incluso a prófugos de la justicia que reaparecerán para pedir acogerse a esta norma. Eso es lo que ellos esperaban: quedar libres de cualquier responsabilidad y sanción", agregó.

"En el caso Cayara varios de los exmilitares pidieron ser juzgados en el Foro Militar y pensaban que con ello ya todo estaría resuelto. Eso no es cierto, el proceso se lleva en la Fiscalía porque se trata de la vulneración a los DD.HH. Ellos no pueden ser juez y parte. Esto ha hecho que los procesos se alarguen y a ello se le suma la falta de voluntad de los procesados que no asistían a las audiencias. Muchas audiencias fueron canceladas por ello. No es que los casos hayan tomado 40 años, se trata de que no hubo las condiciones para que los acusados respondan en el momento. No iban y eso ha demorado la investigación", finalizó.

Fuente: La República