Apurímac, 8 de agosto 2025.- La controversia sobre la Isla Santa Rosa ha puesto en foco la postura oficial que mantienen tanto Perú como Colombia en torno a la soberanía y administración de este territorio amazónico.
De acuerdo con recientes declaraciones de las autoridades gubernamentales, ambas naciones han reafirmado la vigencia de los acuerdos internacionales que definen sus límites territoriales, haciendo especial referencia a tratados históricos que reconocen sus respectivas fronteras en la región.
Por el lado peruano, voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que la Isla Santa Rosa está bajo jurisdicción peruana. Esta afirmación se apoya en documentos y acuerdos suscritos a lo largo del siglo XX, y se ha recalcado en diversas ocasiones que la soberanía peruana sobre la isla no admite dudas legales.
El gobierno peruano se ha manifestado dispuesto a defender su integridad territorial y a sostener un diálogo diplomático, en caso se presenten interpretaciones diferentes sobre los alcances de los tratados.
En contraste, las autoridades colombianas han hecho hincapié en su respeto por los acuerdos bilaterales, subrayando que la delimitación territorial establecida hace varias décadas debe ser acatada por ambas partes. Colombia, por su parte, ha emitido comunicados donde garantiza el cumplimiento de los tratados y aboga por el mantenimiento de una relación pacífica y cooperativa con Perú en la zona amazónica. Asimismo, han reiterado su compromiso con los mecanismos de resolución de controversias establecidas en los instrumentos internacionales firmados por ambos países.
Ambos gobiernos coinciden en la importancia de evitar tensiones y preservar la estabilidad en la frontera común. Se destaca la voluntad de seguir dialogando en instancias diplomáticas existentes y de coordinar medidas conjuntas para asegurar el bienestar de las poblaciones que habitan en la orilla internacional del Amazonas.
En ese sentido, se promueve un clima de cooperación, considerando que la región requiere esfuerzos bilaterales tanto para la seguridad como para el desarrollo sostenible de las comunidades fronterizas.
Tratados internacionales que delimitan la frontera entre ambos países
Uno de los pilares centrales en la discusión sobre la soberanía de la Isla Santa Rosa lo constituyen los tratados internacionales firmados entre Perú y Colombia a lo largo del siglo XX. Estos acuerdos han sido la base legal para establecer los límites territoriales en la región amazónica y continúan siendo citados por las autoridades de ambas naciones en el marco de la reciente controversia.
El Tratado Salomón-Lozano, suscrito en 1922, es el instrumento fundamental que define la frontera entre Perú y Colombia. Este documento fijó, entre otros puntos, el límite a lo largo del río Putumayo y el Amazonas, determinando la línea divisoria en la que se encuentra la Isla Santa Rosa. Posteriormente, el Acta de Canje de Ratificaciones en 1930 confirmó la puesta en vigor del tratado y precisó la demarcación sobre el terreno a través de la intervención de comisiones binacionales que recorrieron el área en cuestión.
Estos acuerdos han sido aceptados y ratificados por los respectivos congresos de ambas naciones. Tanto Perú como Colombia los consideran plenamente vigentes y los toman como referencia principal para resolver disputas territoriales en la zona amazónica. Las respectivas cancillerías han reiterado en comunicados recientes que no existe vacío legal o ambigüedad en cuanto a la soberanía sobre la Isla Santa Rosa, respaldando sus posiciones en la letra de estos tratados.
A lo largo de los años, la aplicación de estos instrumentos ha posibilitado mantener la estabilidad fronteriza en la zona, aunque ocasionalmente han surgido interpretaciones divergentes sobre puntos específicos en el terreno. Sin embargo, tanto Perú como Colombia reconocen en sus declaraciones oficiales que el marco legal bilateral proporciona los mecanismos necesarios para abordar y resolver cualquier diferencia de manera pacífica.
Importancia estratégica y geográfica de la Isla Santa Rosa
La relevancia de la Isla Santa Rosa en el contexto fronterizo va más allá de su delimitación legal. Su ubicación en la confluencia del río Amazonas otorga un carácter estratégico, ya que se encuentra próxima a la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, siendo la única isla habitada bajo soberanía peruana en esa área inmediata.
La isla sirve como punto de referencia tanto para la vigilancia fluvial como para el control migratorio y aduanero en una zona reconocida por sus extensos corredores acuáticos.
Desde el punto de vista geográfico, la Isla Santa Rosa está situada frente a las ciudades colombianas de Leticia y brasileñas de Tabatinga, que a su vez conforman un área de intensa interacción comercial, social y cultural a nivel internacional. Su posición permite la presencia institucional efectiva del Estado peruano en zonas que, por su acceso fluvial, pueden resultar vulnerables ante actividades ilícitas como el tráfico de mercancías, de personas y de recursos naturales, según destacan los análisis territoriales publicados por las autoridades.
Además, la isla representa un punto clave para la logística de transporte y abastecimiento en la cuenca amazónica peruana. Por sus muelles y pequeñas instalaciones pasan regularmente embarcaciones, insumos y personas que se dirigen tanto hacia otras ciudades de Perú como hacia las vecinas Leticia y Tabatinga. Esta dinámica refuerza su valor para la conectividad regional y la provisión de servicios gubernamentales, como el control sanitario y la seguridad ciudadana en la frontera.
El control efectivo de la Isla Santa Rosa contribuye al resguardo patrimonial y ambiental en una zona caracterizada por su biodiversidad y riqueza natural. La vigilancia permanente es considerada fundamental para proteger los recursos amazónicos y reforzar los lazos de cooperación regional en asuntos de seguridad y desarrollo. De esta manera, el Estado peruano utiliza la presencia en Santa Rosa como parte de su estrategia para afirmar soberanía y promover la integración fronteriza.
Impacto social y económico para los habitantes de la isla
La población que reside en la Isla Santa Rosa enfrenta circunstancias particulares derivadas tanto de su ubicación geográfica como del contexto diplomático entre Perú y Colombia.
Los habitantes dependen en gran medida de las actividades fluviales, desempeñándose como pescadores, comerciantes y operadores de transporte en el vasto sistema de ríos que caracteriza la zona. La conectividad con Leticia y Tabatinga mantiene una dinámica constante de intercambio económico y acceso a bienes y servicios indispensables, ya que la isla peruana carece de infraestructura de gran escala.
La economía local responde a la movilidad transfronteriza, comercializando productos agrícolas y pesqueros en mercados de los tres países limítrofes. No obstante, la incertidumbre que genera periódicamente la controversia territorial puede traducirse en inquietudes sobre la inversión pública y la ejecución de programas de desarrollo en la isla, según relatos recogidos por autoridades comunales.
En ocasiones, los residentes han manifestado sentir que la atención estatal resulta insuficiente por encontrarse en una zona que requiere recursos adicionales dadas sus condiciones logísticas y de acceso.
En el plano social, la convivencia cotidiana se caracteriza por la multiculturalidad: en Santa Rosa confluyen pobladores de origen peruano, colombiano y brasileño, lo que favorece el intercambio lingüístico y cultural. Los servicios básicos, como salud y educación, dependen mayoritariamente de iniciativas gubernamentales peruanas, aunque existe colaboración con las localidades vecinas de Leticia y Tabatinga para facilitar el acceso a hospitales y centros educativos, especialmente en situaciones de emergencia.
Los habitantes valoran la estabilidad y el respeto a las fronteras, ya que cualquier cambio brusco podría afectar su modo de vida y el acceso a beneficios sociales provenientes del Estado peruano.
Así, las decisiones sobre la soberanía y administración de la Isla Santa Rosa impactan de manera directa en la vida cotidiana y la perspectiva de futuro de su población. El desarrollo sostenible y la garantía de derechos requieren la continuidad en el esfuerzo de cooperación binacional, así como el mantenimiento del reconocimiento internacional de la jurisdicción peruana sobre la isla.
Fuente: Infobae
