Apurímac 17/06/2025.- A pocos días del inicio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Estado peruano muestra con alarmante claridad su desapego a dos pilares fundacionales de la organización: la democracia y los derechos humanos. 

En tan solo una semana, distintas autoridades y órganos del Estado han adoptado o impulsado decisiones o emitido declaraciones que amenazan gravemente estos principios. El Congreso de la República ha aprobado un nuevo proyecto de ley de amnistía -el segundo en tan solo un año- que podría beneficiar a responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, contraviniendo sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y socavando décadas de lucha por verdad y justicia. 

Esta norma alcanzaría más de 750 casos, incluyendo 156 con sentencia firme, afectando directamente los derechos de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y masacres. De acuerdo con la sostenida jurisprudencia de la Corte, esta legislación esta viciada de nulidad y se considera “sin efecto jurídico alguno”. 

A ello se suma la preocupante declaración del recientemente nombrado presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, quien ante el Congreso planteó la necesidad de revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Esta amenaza de ruptura con el SIDH pone en riesgo una de las vías internacionales de protección de derechos humanos más importantes con la que cuentan actualmente miles de personas en el país. 

Además de entrañar una contradicción directa con las recientes decisiones del gobierno de postular a un jurista peruano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de nominar a un jurista colombiano a la Comisión Interamericana, para su reelección.  

Estos hechos no son aislados. Responden a una estrategia más amplia orientada a desmantelar los mecanismos de rendición de cuentas, garantizar impunidad por crímenes del pasado y consolidar un modelo autoritario que debilita peligrosamente el Estado de derecho. 

 

Frente a este contexto, las organizaciones firmantes: 

Llamamos a los Estados miembros de la OEA a expresar su preocupación y a manifestarse con firmeza en los espacios de diálogo de la Asamblea General ante el sistemático incumplimiento de los principios democráticos y de derechos humanos por parte del Estado peruano. 

Instamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a considerar esta situación al evaluar la implementación de sus recomendaciones previas y a valorar la inclusión de Perú en el Capítulo IV.B de su próximo informe anual, destinado a los países que presentan retrocesos graves en materia de derechos humanos. 

Instamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a analizar y pronunciarse sobre el desacato reiterado de Perú a sus decisiones y a presentar esta información ante la Asamblea General de la OEA. 

Reiteramos nuestro llamado al Congreso y al Poder Ejecutivo del Perú a cesar de inmediato toda iniciativa orientada a garantizar impunidad y a retomar el camino del respeto pleno a sus obligaciones internacionales en materia de justicia, derechos humanos y democracia, a través de un compromiso real y congruente con su conducta en los espacios multilaterales. 

 

Perú no puede continuar en la senda de impunidad y regresión sin enfrentar consecuencias en el ámbito interamericano.  

Firman:  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Fundación para el debido proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)