Apurímac 10/07/2025.- La Fiscalía Superior Penal, consiguió que la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios confirme la sentencia de tres años de pena privativa de libertad y el pago de S/ 2,000 como reparación civil impuesta contra Jean Zela C., por el delito de violencia y resistencia a la autoridad en la modalidad de desobediencia, en agravio del Estado peruano.
Según la investigación en primera instancia, llevada a cabo por la fiscal adjunta, Gina Mayena Herrera de la Fiscalía Mixta de Iberia, los hechos ocurrieron la noche del 25 de febrero de 2024, cuando efectivos de la Comisaría de Iberia acudieron a la intersección de las avenidas José Aldamiz y Jorge Chávez tras recibir una alerta ciudadana por un accidente de tránsito.
En el lugar encontraron un vehículo menor, sin placa de rodaje, junto al cual se encontraba Jean Zela, intentando encender el vehículo. Al percatarse de la presencia policial, intentó huir, siendo finalmente intervenido a unos 30 metros del lugar.
Durante la diligencia, se identificó a otro ocupante del vehículo, Miguel Cusi S., también efectivo policial, quien presentaba lesiones visibles en la espalda. Luego de las primeras indagaciones, se confirmó que Zela conducía el vehículo al momento del incidente y que la dicha unidad móvil era propiedad del Estado.
Ambos fueron trasladados a la División Médico Legal de Tahuamanu para las pruebas de ley. No obstante, Zela se negó a someterse al dosaje etílico, aduciendo motivos religiosos y personales, lo que fue consignado en acta por las autoridades.
A pesar de que el sentenciado interpuso un recurso de apelación, este fue declarado infundado, quedando firme la condena impuesta. Además de la pena suspendida y la reparación civil, la resolución establece reglas de conducta durante el periodo de prueba, bajo apercibimiento de revocarse la suspensión en caso de incumplimiento.
Este resultado reafirma el compromiso del Ministerio Público del Distrito Fiscal de Madre de Dios con la defensa de la legalidad, el orden público y el respeto a la autoridad, más aún cuando las infracciones son cometidas por funcionarios públicos, llamados a cumplir y hacer cumplir la ley con responsabilidad.
Fuente: La República
