Apurímac 22/04/2025.- En una ceremonia especial en Palacio de Gobierno, el 14 de abril último, Dina Boluarte promulgó la Ley 32301 que amplía las facultades de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) como si tratará de un acto histórico que transformará al Perú y lo llevará por la senda del desarrollo, la paz social y la tranquilidad pública. Nada de eso.

Ese día el recuento de muertes violentas a manos del sicariato que realiza La República reportó más de 10 asesinatos. El accionar de las organizaciones criminales que el gobierno y sus aliados en el Congreso se niegan a enfrentar por temor y complicidad, sigue peruanos impunemente. 

Mientras eso sucede en las calles, Boluarte y la alianza de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y Renovación Popular están más interesados en controlar las instituciones y acallar cualquier voz distinta que cuestione sus objetivos políticos: perpetuarse en el poder.

La alianza de gobierno que encabeza Boluarte afirma que la Ley 32301 pretende “supervisar el uso de los fondos de cooperación internacional, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la defensa del interés nacional”.

Sin embargo, al revisar la norma lo que se pretende es un control de cualquier organización que reciba apoyo económico internacional. Esto  incluye, sobre todo, a las organizaciones no gubernamentales (ONGs), pero también a cualquier otra institución, como los portales periodísticos independientes que reciban fondos de la cooperación internacional.

Estas instituciones, a partir de la Ley 32301 no pueden hacer nada sin la autorización previa, en tiempo real y posterior de APCI , que recibe respaldo de la SUNAT y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Cualquier apartamiento de los objetivos que plantee el gobierno, a través de APCI, puede generar multas de hasta 2,6 millones de soles, la suspensión y la disolución. Además de denuncias penales y civiles.

La situación es tan grave que ha generado preocupación a nivel internacional, pues lo que se está realizando repite prácticas antidemocráticas que se han visto en Nicaragua o Venezuela. El jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, solicitó al gobierno peruano que respete sus obligaciones del derecho internacional y que proporcione y proteja un entorno propicio en el que la sociedad civil pueda desempeñar su papel.

La ley 32301 “Contiene elementos que podrían restringir indebidamente  la libertad de asociación, con requisitos administrativos desproporcionados y la necesidad de aprobación previa para los proyectos” comentó la portavoz de la Oficina de DDHH de la ONU, Liz Throssell. 

“También nos preocupa profundamente que la ley restrinja el acceso a la justicia, afectando especialmente a las personas en mayor situación de vulnerabilidad y pobreza, ya que califica el uso de fondos de cooperación internacional para asistencia jurídica en casos contra el Estado peruano como una infracción muy grave, sancionable con fuertes multas o incluso la cancelación de la inscripción”, subrayó la mencionada oficina de Naciones Unidas.

En el mismo sentido se ha pronunciado, la relatora especial de la ONU sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, con el respaldo de Ben Saul, relator especial sobre la lucha contra el terrorismo; Irene Khan, relatora especial sobre la libertad de opinión y de expresión y Mary Lawlor, relatora especial sobre los defensores de los derechos humanos.

“Las modificaciones propuestas a la APCI generan riesgos de interferencia indebida en la estructura y el funcionamiento interno de las organizaciones no gubernamentales (ONG)”, dijo Gina Romero. “La forma en que el Gobierno anunció la firma y aprobación de las modificaciones es preocupante” añadió. 

Romero subrayó que erróneamente se equipara la transparencia con un control indebido y excesivo a la cooperación y a las organizaciones sociales, restringiendo gravemente el derecho a la libertad de asociación.

Antes de la promulgación de la nueva ley, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU, Ben Cardin, y el presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, Tim Kaine, advirtieron que las modificaciones a la Ley APCI afectan la democracia. Las embajadas de 16 países en Lima, incluyendo Estados Unidos, han criticado el control del Estado en la cooperación.

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en un comunicado dirigido a la presidencia, expresaron su preocupación por las recientes reformas a la ley de creación de APCI. 

Tras revisar la ley promulgada por Boluarte, dichas organizaciones encuentran que se establece un control previo excesivo de cualquier actividad de cooperación internacional y al establecer la posibilidad de una sanción se configura un esquema de censura previa.

Además, se establecen facultades discrecionales sancionatorias sin base legal, se criminaliza la defensa de los DD.HH y se establece la posibilidad de una disolución sin control judicial, vulnerando la Constitución  y los estándares internacionales. “La aplicación de esta normativa podría afectar negativamente los avances del Perú en la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que exige “un gobierno abierto que promueva y proteja el espacio cívico”, advirtieron los expertos.

A nivel interno se han pronunciado en contra el Colegio de Abogados de Lima, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Centros, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) y diversas asociaciones y ONGs. “Con esta ley, cualquier organización que cuestione al Ejecutivo o Legislativo estaría amenazada de censura. Se abre una peligrosa puerta a la arbitrariedad y al silenciamiento institucional”, alertó el decano del Colegio de Abogados de Lima, Raúl Canelo.

“Las ONG vienen siendo fiscalizadas, auditadas. La plataforma de APCI es accesible a los ciudadanos, uno puede entrar y verificar qué proyecto se está subvencionando y en cuánto tiempo se ejecuta, cuánto de financiamiento viene recibiendo... todo eso es información pública. Aquí se ha consolidado un intento de desvanecer y eliminar a las organizaciones de DDHH”, declaró la secretaria ejecutiva de la Coordinadora, Tania Pariona.

Lo más preocupante, en opinión de los expertos, es que al limitar o proscribir el trabajo de las ONGs los principales perjudicados terminan siendo las víctimas de violaciones a los derechos humanos y las poblaciones vulnerables que no tendrán recursos ni apoyo para acceder a la justicia. El Colegio de Abogados y las organizaciones sociales recurrirán al TC en busca de que se declare inconstitucional dicha Ley.

Fuente: La República