Apurímac 15/07/2025.- Con 16 votos a favor y 11 en contra, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación la Ley 7549, que plantea una amnistía para policías, militares y miembros de comités de autodefensa que cometieron violaciones a los derechos humanos entre los años 1980 al 2000.

“Este proyecto servirá para hacer justicia con quienes derrotaron al terrorismo”, defendió el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, principal impulsor de la norma y presidente de la Comisión de Constitución.

La ley de amnistía aprobada excluye a quienes hayan sido condenados por delitos de terrorismo o corrupción, pero incluye a militares y policías mayores de 70 años sentenciados por delitos de lesa humanidad.

Esta norma fue respaldada solo por 16 congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Podemos Perú y Alianza para el Progreso que pertenecen a la Comisión Permanente; sin embargo, este acto podría afectar más de 750 casos de graves violaciones a los derechos humanos.

“¿Cómo es posible que 16 congresistas que han hecho del terruqueo a las víctimas su práctica cotidiana decidan arrebatarnos el derecho a la justicia? Ninguna democracia pisotea derechos. Desde las fosas nuestros desaparecidos seguirán señalando a sus asesinos”, señaló Gisela Ortiz, hermana del estudiante de la Universidad La Cantuta, Luis Enrique Ortiz Perea, secuestrado y desaparecido por el Grupo Colina, durante la dictadura del difunto Alberto Fujimori.

La Ley de Amnistía podría liberar a distintos miembros de las fuerzas armadas mayores de 70 años. Muchos de ellos han sido condenados o están siendo juzgados por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual, cometidos durante el conflicto armado interno bajo el pretexto de combatir el terrorismo. 

Según datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la medida podría beneficiar a por lo menos 600 procesos judiciales abiertos por delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, además de más de 150 casos con sentencia firme. En total, más de 750 procesos judiciales estarían en riesgo de cerrarse.

“Durante décadas, madres, esposas, hijos e hijas de víctimas han luchado incansablemente por obtener justicia. Gracias a ese esfuerzo, el país logró avances significativos en numerosos casos de violaciones a los derechos humanos”, señala la CNDDHH en un comunicado reciente. 

Entre los casos más resaltantes que lograron condena y ahora corren riesgo de impunidad son los de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde 15 y 10 personas fueron asesinadas, respectivamente, por el Grupo Colina. En el 2001, este caso fue llevado a la Corte IDH donde se declaró al Estado peruano responsable. Esto logró que en el 2009, el fallecido Alberto Fujimori fuera sentenciado a 25 años de prisión – como autor mediato – así como los altos mandos militares implicados, quienes  recibieron penas de entre 15 y 25 años.

Otro caso es el de Accomarca (1985), en el cuál 69 campesinos fueron asesinados por militares. El ex teniente Telmo Hurtado, quién también podría acogerse a la amnistía al cumplir 70 años, fue condenado a 23 años de prisión junto con otros 9 militares.

Uno de los beneficiarios más notorios de esta ley sería Daniel Urresti, exministro del Interior y general retirado del Ejército, condenado en 2023 a 12 años de prisión como autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988; sin embargo, con la Ley 7549, podría quedar en libertad al cumplir 70 años en 2026.

Bustíos fue corresponsal de la revista Caretas y cubrió denuncias sobre abusos cometidos por las fuerzas del orden en Huanta, Ayacucho. Según la sentencia, fue emboscado y acribillado por efectivos militares, y Urresti, entonces oficial de inteligencia, por lo que fue hallado responsable como autor mediato del crimen.

“Podrán aprobar leyes de Amnistía, pero jamás podrán borrar sus crímenes. La traición siempre es el reflejo de la miseria”, expresó Sharmeli Bustíos, hija del periodista asesinado, sobre la ley aprobada. 

Asimismo, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú – ANFASEP, desde Ayacucho, señaló que con esta ley se busca anular procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad en casos emblemáticos como; Accomarca, Cabitos, Huanta, Putis, Totos, Chungui, Oronccoy, Cayara y muchos otros que aún se encuentran en proceso de investigación y juicio.

Por parte, la Dra. Gloria Cano, APRODEH, anunció que pedirán, caso por caso, al Ministerio Público y al Poder Judicial continuar con la investigación y los procesos judiciales. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anteriormente, ya se ha dirigido a las autoridades peruanas para recordarles que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados, de acuerdo con la jurisprudencia internacional. Incluso, en junio de este año, la CIDH tuvo exhortar al Estado a no aprobar este proyecto de ley, alertando sobre el riesgo de impunidad.

“El Congreso está desobedeciendo fallos internacionales. Esta norma no solo vulnera derechos, sino que pone al Perú en riesgo de nuevas sanciones por parte del sistema interamericano”, advirtió la congresista Ruth Luque, quien ha solicitado la reconsideración de la votación.

Al respecto, 70 organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos demandaron a la comunidad internacional y a la OEA «rechazar esta ley y pronunciarse con claridad frente al riesgo real de que el Perú consolide un régimen de impunidad incompatible con sus obligaciones internacionales». 

Fuente: Wayka