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Gobierno autoritario de Dina Boluarte prórroga por 30 días más estado de emergencia en corredor minero

Decreto Supremo N° 088-2024-PCM fue publiado el 30 de agosto en el diario oficial El Peruano. Ampliación de medida restrictiva es rechazada por dirigentes de la provincia de Cotabambas

Gobierno autoritario de Dina Boluarte prórroga por 30 días más estado de emergencia en corredor minero

Apurímac.- Por 30 días más El Gobierno prorrogó el estado emergencia en el corredor vial sur Apurímac - Cusco - Arequipa. La medida que rige a partir de este 2 de septiembre fue dispuesta en el Decreto Supremo 088-2024-PCM publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de agosto.

"Prorrogar por el término de treinta (30) días calendario, a partir del 2 de setiembre de 2024, el Estado de Emergencia declarado en el Corredor Vial Sur ApurímacCusco-Arequipa, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado de la vía. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas", precisa la resolución.

La medida como era de esperarse es totalmente rechazada por los dirigentes de la provincia de Cotabambas que consideran es una forma de silenciar las protestas sociales que se originan por el incumplimiento de compromisos por parte del Gobierno y Minera Las Bambas.

Durante la vigencia del estado de emergencia quedan restringidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad de seguridad personales.

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto  en el Decreto Legislativo Nº 1186 que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional y el Decreto Legislativo Nº 1095 que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, así como el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2023-MIMP.

El decreto es firmado por la presidenta Dina Boluarte, el premier Gustavo Adrianzén y los ministros Walter Astudillo (Defensa), Juan José Santiváñez (Interior) y Eduardo Arana (Justicia y DDHH).

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