(Lunes 16/10/2023).- Ya les tocaba. La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Abancay solicitó 12 años de cárcel y 20 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos contra el exgobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón Núñez, por el escandaloso “Caso ambulancias”. 

También está incluida en el requerimiento de prisión con 10 años y 4 meses la exgerente general, Rosa Olinda Béjar Jiménez, quien actualmente se desempeña como directora de Centros de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo del Mincetur. Esta exservidora insiste que no tuvo nada que ver en el irregular procedimiento de compra, sin embargo, la fiscalía se ha encargado de desmentirla en todas sus aseveraciones.

Entre 10 a 11 años de cárcel figuran Miguel Ángel Azurín Solis (Gerente regional de Infraestructura); Christian Chávez Ugarte (Subgerente Estudios y Proyectos); Einer Montalvo Quintanilla (Gerente Desarrollo Social). 

Asimismo, Edison Camero Guzmán (Director de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí); Néstor Rogelio Alata Orconi (Especialista Unidad de Adquisiciones); Yhon Altamirano Baños (Responsable elaboración expediente técnico) e Ítalo Carmelo Ponce Montero (gerente de la empresa Conversiones San José Perú SAC).

En el caso, de Jhonny Omar Palomino Yarihuamán (Jefe Unidad de Adquisiciones) la fiscalía ha solicitado 20 años de cárcel y 20 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos. “…Palomino Yarihuamán, quien habría sido el funcionario que se coludió o interesó en esta contratación, tanto más que se ha advertido su participación en todo el contexto del proyecto de inversión (proceso de selección y recepción de bienes”, resalta la fiscalía. 

Los imputados son investigados por los delitos de negociación incompatible, colusión simple y colusión agravada, según la acusación fiscal individualizada y contenida en el Expediente N° 521-2020 que ya se encuentra en el despacho del juez Álvaro Villalobos Espinoza, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial de Apurímac y que pronto deberá programarse para inicio del juicio oral. 

Un detalle que resalta de la investigación, es que le empresa Wayra Apurímac EIRL que elaboró el expediente técnico (reformulado en la gestión de Lantarón) no ganó en el proceso de selección y no obtuvo la buena pro, sin embargo, figura como responsable del mismo, en este caso a nombre el economista Yhon Altamirano Baños, que además muy poco conocía sobre las características técnicas del mencionado proyecto de inversión, según la investigación fiscal.

Asimismo, en el extenso requerimiento fiscal, se estableció también que dos de las tres empresas postoras que participaron en el procedimiento de selección estaban vinculadas consanguíneamente y, por lo tanto, se dejaba ver un presunto direccionamiento y hasta sobrevaloración. 

Así tenemos, que la empresa ganadora Conversiones San José Perú SAC cuyo representante es Ítalo Carmelo Ponce Montero “competía” con la segunda postora RUFIO SAC. En la investigación fiscal se corroboró que el gerente de esta firma era Gerardo Javier Ponce López, hijo del propietario de Conversiones San José Perú SAC. Y la tercera empresa que participó en el amañado procedimiento Corporación Peruana JADIRSA SAC presentó su propuesta económica muy por encima de los precios en comparación a los dos mencionados postores. Esto no es una mera casualidad. 

El 23 de abril del 2020 la Fiscalía Anticorrupción de Abancay intervino la sede el gobierno regional tras las denuncias presentadas por los exconsejeros Emerson Huashua y Guido Huamán sobre presuntas irregularidades cometidas en el proceso de selección de 10 ambulancias tipo II (rurales y urbanas) adjudicadas a Conversiones San José Perú SAC por 3 millones 375 mil soles para luego incrementarlo a 3 millones 625 mil soles, a sabiendas que los funcionarios  -incluyendo Lantarón- tenían conocimiento de que estos vehículos no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas en el procedimiento de selección.

El escandalo saltó a la luz exactamente el 13 de abril del mismo año cuando en medio de una campaña mediática, el exgobernador Lantarón, la exgerente general Rosa Bejar y otros colaboradores más presentaron en forma pública tres ambulancias (las otras dos fueron entregadas posteriormente el 22 de abril) en el frontis de la sede regional sin haberse firmado el contrato respectivo, pero lo más grave aún, sin conformarse el comité de recepción que debió estar integrado por órganos de línea y de apoyo, esto debido, a discrepancias surgidas entre los mismos funcionarios.  

Al respecto cabe precisar, ese mismo día de la presentación -pero más temprano- las tres ambulancias fueron recepcionadas en el sector de Santa Rosa, en Aymaraes, por Einer Montalvo Quintanilla y Edison Camero Guzmán. Al momento de ser verificadas por un equipo técnico de la DIRESA que se desplazó hasta el lugar por disposición del exdirector Claudio Quintana, concluyó que dichas unidades vehiculares no cumplían con las especificaciones técnicas y estaban incompletas, aun así, los exfuncionarios bajo órdenes de Baltazar Lantarón prosiguieron con la recepción y traslado hasta la sede regional.   

Tras varios intentos frustrados que buscaban corregir y encubrir las presuntas irregularidades administrativas cometidas por los principales colaboradores de Baltazar Lantarón y la presión que ejercieron dos o tres de medios de comunicación -la mayoría estuvo alineada con esa presunta organización delictiva enquistada en el gobierno regional- el 22 de junio fue emitida la Resolución Ejecutiva Regional N° 234-2020-GR-APURIMAC/GR firmada por el mismo Lantarón que declaraba nulo el cuestionado procedimiento de selección.

“En su condición de gobernador del Gobierno Regional de Apurímac se le imputa haber concertado con el representante de la empresa Conversiones San José Perú SAC o personas vinculadas a dicha empresa y/o haberse interesado con la finalidad de favorecerlo en el otorgamiento de la buena pro, por un monto superior al valor estimado, conforme a lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva Regional N° 108-2020-GR-APURIMAC/GR del 20 de febrero 2022, además a procurado directamente y a través de sus funcionarios que dicha empresa entregue 5 ambulancias que no cumplían con las especificaciones técnicas en perjuicio de la entidad”, precisa la acusación fiscal. 

 

Finalmente, el mismo representante de Conversiones San José Perú SAC, Ítalo Ponce Montero, afirmó en sus testimoniales de ley, que Lantarón y sus funcionarios conocían de antemano que las ambulancias no estaban equipadas adecuadamente, aun así, con todas estas irregularidades, prosiguieron con el perfeccionamiento y firma del contrato, que por cierto nunca llegó a concretarse.  

Si los consejeros Huashua y Huamán hubieran esperado un poquito más hasta haberse autorizado el pago de la orden de compra de esta irregular adquisición, otra hubiera sido la historia de Lantarón y todos sus colaboradores. Habrían estado a un paso de convertirse en los nuevos “inquilinos” de San Idelfonso. (Por: Paul Pilco Dorregaray)