(Miércoles 14/10/2020).- Una sucesión de hechos y responsabilidades en la cadena de mando para enfrentar el incendio forestal en Auquibamba y que hasta el momento ha dejado dos comuneros fallecidos debe ser investigado a fondo por el Ministerio Público. 

Fue el alcalde del distrito de Pichirhua, Celso Hurtado Rodríguez, quien desde el inicio del fuego el sábado 10 de octubre, trató inúltilmente de solicitar apoyo a las entidades respectivas para el traslado de las brigadas antifuegos sin resultado positivo. 

Al llamado, solo se presentó un grupo de serenos movilizados por Defensa Civil de la comuna provincial de Abancay sin equipos básicos de proteccción para enfrentar la emergencia, los bomberos de la CIA 68 Abancay y casi un centenar de comuneros que fueron obligados a extinguir el incendio, de lo contrario, serían sancionados con una multa de 100 soles.   

A esas horas el fuego se extendía rápidamente en varios frentes pasando a convertirse en un desastre de competencia regional. Dos serenos sufrieron asfixia por lo que fueron trasladados y atendidos en el hospital de Essalud Abancay. 

Los comuneros con algunas herramientas proveidas por el programa de Bosques Manejados del GORE Apurímac fueron lanzados "al caldero" para proteger las plantaciones, sin embargo, fueron esos mismos comuneros los que terminaron con más del 60 % de quemaduras de tercer grado en el cuerpo.

Las brigadas de Defensa Nacional de la Diresa Apurímac nunca llegaron a la zona del siniestro porque según sus funcionarios, las camionetas no contaban con combustible y el personal no estaba dispuesto para ser movilizado.  

La situación se complica mucho más, porque la cadena de mando estaba inactiva y descansaba de una "agotadora" semana de trabajo remoto, comenzando con la ausencia del director regional de Defensa Civil, Julio Dueñas y del encargado del Indeci Apurímac, el ingeniero César Chonate Vergara que radica en la ciudad del Cusco. 

Ni la camioneta de esa entidad que se guarda en un garaje de la urbanización Santa Martha se pudo disponer para la emergencia porque el chofer estaba dedicado a sus menesteres familiares. Era domingo, pues.  

El día de la tragedía, el 11 de octubre, los celulares de los jefes policiales al parecer se encontraban apagados -o quizás estaban fuera de cobertura- mientras que los valerosos bomberos cuyo personal y equipos estuvieron comprometidos por el fuego, pedían en forma insistente la presencia de ambulancias de la red de salud para trasladar a los quemados. Estas nunca se movieron porque no tenían combustible (¡!) 

Contrariamente a todo esto, el gobernador Baltazar Lantarón, en recientes declaraciones dijo que se había dispuesto personal "en la zona del siniestro y actuado en forma oportuna", pero la realidad fue otra y no como la que describió.

Pero volvamos a la tragedia. Los heridos fueron trasladados en vehículos particulares, la ambulancia de los bomberos hacía lo que podía, casi se despista al barranco, sumándose en la parte baja una camioneta de la Policía de Carreteras. Lo que vendría después sería peor.

Para la ingeniera Tatiana Condori del Indeci Apurímac y el biólogo Walter Holgado de Defensa Nacional de la Diresa Apurímac -deberán aclararlo en las investigaciones de la fiscalía- los heridos no eran de gravedad y se encontraban estables, razón por la cual, no era necesario el puente aéreo, información que fue recepcionada en el COEN e Indeci Lima. 

A esas alturas, la ingeniera Alida Cavero Palomino, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad Provincial de Abancay fue tildada de "exagerada" por lo que sucedía en Auquibamba, mientras que el alcalde Guido Chahuaylla seguía inubicable. 

En tanto, al alcalde de Pichirhua, Celso Hurtado, de tanta llamada efectuada a los celulares de autoridades y funcionarios se le acabó la carga de la batería sin lograr el apoyo requerido.

Mientras todo esto se presentaba -de haberse notificado la verdadera magnitud de la tragedía- a 30 minutos de Abancay, un avión y un helicóptero de la FAP que sofocaron el incendio registrado en Tambomachay se encontraban estacionados en el aeropuerto del Cusco y pudieron trasladar a los comuneros quemados en forma inmediata a Lima, sin embargo, esto ocurrió 48 horas después desde el aeropuerto de Andahuaylas.  

Tras el lamentable desenlace, dejaron de existir Julián Arce Mejía y Juan de Dios Céspedes por la gravedad de sus heridas, en tanto, sigue luchando por su vida el menor Brandon Mejía en la UCI del Hospital Regional del Cusco y se escucha el clamor de sus familiares para que sea trasladado a la capital de la República. 

Las muertes de estos dos comuneros no deben quedar impunes. El Ministerio Público de Apurímac tiene que investigar y determinar responsabilidades de los funcionarios comprometidos, independientemente de identificar al autor o autores de este siniestro ambiental. (Paul Pilco Dorregaray)