Apurímac, 21 octubre 2025.- El reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la acusación por lavado de activos contra Keiko Fujimori ha reconfigurado el panorama judicial para otros políticos investigados y procesados en el Perú por presunto financiamiento ilícito de campañas electorales.
El caso más inmediato es el del expresidente Ollanta Humala, cuya defensa abrió la puerta a apelar al mismo criterio constitucional en el proceso que le valió una sentencia de quince años de prisión en primera instancia.
El abogado defensor de Humala, Wilfredo Pedraza, indicó en entrevista con Exitosa que el fallo emitido en el caso Cócteles marca un precedente relevante y podría ser utilizado por la defensa del exmandatario en la apelación que se encuentra actualmente en trámite.
“La situación es exactamente la misma”, afirmó, al explicar que los cargos imputados al expresidente corresponden a fondos recibidos en las campañas de 2006 y 2011, cuando no ocupaba ningún cargo público.
El letrado destacó que Tribunal Constitucional estableció parámetros claros: los aportes privados a campañas políticas, anteriores a la modificación del Código Penal en 2016 que incorporó la figura de receptación patrimonial, no pueden ser sancionados como delito de lavado de activos salvo que exista prueba fehaciente de que el destinatario conocía el origen ilícito de los fondos.
“Lo probable es que el juez, sobre la base del marco que hoy contiene la sentencia del Tribunal Constitucional, declare fundada la excepción de naturaleza de acción, lo que va a significar que la materia de investigación no tiene relevancia penal y, consecuentemente, se archiva”, sostuvo el abogado de Humala.
El representante legal aclaró que si bien la sentencia de Humala es de primera instancia, se encuentra apelada y será materia de análisis en la Sala Superior. La defensa confía en que los fundamentos constitucionales recientes respalden el argumento de que no existe conducta delictiva en la recepción de fondos donados para campañas del Partido Nacionalista.
La estrategia jurídica se refuerza por una cuestión de temporalidad. El abogado matizó que, a diferencia de otros casos, la campaña presidencial de Humala en 2006 y la de su reelección en 2011 son anteriores tanto a la tipificación específica en la ley penal como al “descubrimiento público” de los actos de corrupción en torno a Odebrecht, que recién comenzaron a evidenciarse a nivel internacional a partir de 2015.
“Aquí no está involucrado manejo de recursos públicos, contratos, adendas, ni ninguna situación vinculada con recursos estatales”, enfatizó.
El abogado penalista Carlos Caro se pronunció en la misma línea. Precisó que el caso Humala es “más patente” en cuanto a la aplicación del fallo reciente del TC.
“El único caso que tiene una sentencia de primera instancia es el caso de Ollanta Humala, y evidentemente esta sentencia le favorece, porque va a ser revisada por el Tribunal Superior y recién en esa instancia va a discutirse todo lo que va a significar los efectos de, del financiamiento de una campaña con dinero de Odebrecht. Si no se ha probado la fuente ilícita y el conocimiento del origen ilegal, eso le puede favorecer”.
Caro insistió que los hechos atribuidos a Humala se restringen a campañas políticas hasta 2011, es decir, más alejadas en el tiempo respecto a la fecha en que los actos de corrupción de Odebrecht se volvieron conocidos públicamente.
Fuente: Infobae
