Apurímac, 13 octubre 2025.- 38 personas, entre dirigentes y pobladores de la comunidad indígena de Tapairihua, en Aymaraes, son víctimas de una artera y desproporcionada campaña legal emprendida por la empresa Southern Perú Copper Corporation, solo por oponerse al proyecto de cobre "Los Chancas" y salir en defensa de sus derechos comunales.
En carta notarial de fecha 16/02/2025 remitida por el presidente de la comunidad indígena de Tapairihua, Tito Tapia Pérez, a la empresa ya advertía de la deteriorada relación social existente y, pese a ello, la minera arremete con todo su poder económico para amedrentar y silenciar las justas demandas de los pobladores organizados.
"La empresa minera Southern Copper (debe decir: Southern Perú) durante más de 26 años ha contaminado ambiental y socialmente, dividiendo familias y pueblos como también nuestros ríos, ojos de manante, sedimentaciones de nuestros predios, pastizales, sin contar sin ninguna licencia social, ni mucho menos con la consulta previa por nuestro pueblo originario para el uso superficial de nuestros suelos", señala el documento.
En la actualidad, las acciones legales emprendidas por la minera de capitales mexicanos han encontrado inusual eco en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aymaraes, así como en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chalhuanca - Aymaraes, este último, a cargo del magistrado Amilcar Escobar Vargas, quien además admitió un Habeas Corpus a favor de la empresa.
Lo inverosímil de este habeas corpus declarado fundado por el juez Amilcar Escobar es que apunta contra pobladores que defienden sus territorios de la intervención minera, incluso, sin haber tomado en cuenta el derecho que tienen a la consulta previa.
A raíz de ello, los principales dirigentes y pobladores de Tapairihua están desfilando por los pasillos de Seguridad del Estado del Frente Policial Apurímac desde hace varias semanas para brindar sus declaraciones y responder a las acusaciones por los presuntos delitos de coacción, daño agravado, perturbación de la tranquilidad pública, usurpación agravada, entre otros más, en agravio del Estado y la empresa Southern Perú.
MÁS DENUNCIAS
La última movida emprendida por el asesor de la minera, Wilfredo Santillán Mosquera, es haberlos denunciado por los delitos de minería ilegal agravada, financiamiento de la minería ilegal, obstaculización de la fiscalización administrativa, tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarías destinadas a minería ilegal.
La acusación está en la Carpeta Fiscal N° 1406015200-2025-108-0 de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA Apurímac) que inició investigación preliminar por los delitos arriba señalados y que está a cargo de la fiscal Indira Gaby Sarmiento Cerón.
Pero la arremetida legal no termina ahí. Hace poco el ya conocido juez, Amilcar Escobar, admitió a trámite la denuncia presentada por la empresa Southern Perú mediante la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente contra los ciudadanos José Basilio Carpio y Fernando Avendaño Tapia acusados por la presunta comisión de delito ambiental, en la modalidad de delito de contaminación, minería ilegal agravada.
Esta denuncia corre en el Expediente N° 00531-2024-64-0304-JR-PE-01 que corresponde al Juzgado de Investigación Preparatoria de Chalhuanca.
PIDE REPARACIÓN ECONÓMICA
Recurriendo a un perito judicial y tasador privado, la empresa está solicitando por daños y perjuicios que además incluye los ocasionados a sus campamentos mineros, una reparación civil de US$ 820,268.62 por el mineral sustraído por la actividad minera informal, que ellos llaman, ilegal.
Mientras todo esto sucede en Tapairihua, en la vecina Tiaparo, comunidad que ha vendido parte de su territorio comunal a la minera a precio de remate, las dádivas, las campañas de salud, capacitaciones, pasantías al extranjero, entre otros "dulces" más, forman parte de la estrategia de adormecimiento impulsada por los relacionistas comunitarios de la empresa.
