Aunque Boluarte aseguró que no se hará "la ciega" ante la criminalidad, y afirmó que gobiernos pasados "abrieron las puertas" a delincuentes extranjeros, especialistas y organizaciones civiles han cuestionado este tipo de afirmaciones por su carácter generalizante. Según la Defensoría del Pueblo, los delitos cometidos por personas migrantes no representan más del 2% del total nacional, lo que contrasta con la percepción alimentada por ciertos discursos oficiales y mediáticos.

Durante su discurso por el aniversario de la Marina de Guerra, la mandataria afirmó que su gestión trabaja de forma articulada con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y reiteró que enfrentarán el crimen con “estrategia y sin descanso”.

“No nos hacemos los ciegos ni los miramos de costado como gobiernos hicieron antes”, expresó Boluarte, aludiendo directamente a administraciones anteriores.

La narrativa que vincula inmigración y delincuencia ha ganado espacio en el debate público, sobre todo en contextos donde la inseguridad genera desconfianza y polarización. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos insisten en que criminalizar la migración pone en riesgo a personas que huyen de crisis humanitarias y refuerza la discriminación.