Apurímac, 18 septiembre 2025.- Se burlan de ley. Por segunda vez vicerrectorado académico de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (Unamba) está convocando a un proceso de selección por necesidad del servicio para el semestre académico 2025-II, pese que 40 docentes contratados desde hace varios meses luchan por la vía administrativa y legal para que se cumpla con la Ley N° 32171 que dispone su nombramiento excepcional.
En agosto, las autoridades universitarias a sabiendas que desacataban esta ley dieron luz verde al concurso de admisión a la Carrera Docente Ordinario 2025, proceso que estuvo plagado de inconsistencias, provocando incluso la renuncia del miembro titular del jurado externo, Manuel Octavio Fernández Atho, quien en un mensaje por WhatsApp le dijo al mismo Jiménez, de que se estaba atropellando los derechos de docentes tras ser excluidos del nombramiento.
En esa oportunidad, los afectados que ya habían alertado que en dicha convocatoria se había incluido requisitos adicionales no contemplados en la norma, dio pie para que se interpusieran sendas denuncias ante la Sunedu, Ministerio Público y una medida de acción popular que hasta la fecha no es respondida por el Poder Judicial.
Pese a ello, el cuestionado rector Wilber Jiménez, así como los vicerrectores Mauro Huayapa, Wilson Mollocondo y demás integrantes del consejo universitario desconocieron estas denuncias y continuaron con su despropósito de contratar a docentes allegados y alineados a su gestión.
REQUISITO CON TRAMPA
Pero esta crónica de abuso de autoridad y desacato a la norma vigente por parte de las autoridades de la Unamba no termina aquí, a poco de celebrarse 25 años de creación institucional.
La llamada también "argolla altiplánica" que hoy gobierna esta casa de estudios superiores en alianza con Jiménez sigue imponiendo requisitos discriminadores y fuera de todo procedimiento administrativo regular.
Esta vez, el vicerrectorado académico ha presentado los lineamientos del proceso de selección de docentes y jefes de práctica por excepción y necesidad del servicio para el semestre académico 2025-II, pero colocando una trampa como "requisito mínimo" que deja en evidencia el direccionamiento y manejo irregular de este procedimiento de contratación.
En el punto "n", indica: "Declaración jurada de no tener proceso judicial en curso con la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (Anexo 6)"
Este requisito discriminador cierra nuevamente las puertas a los docentes que están luchando su permanencia laboral ante el incumplimiento de la Ley N° 32171, por lo que se vieron obligados a recurrir ante las instancias de justicia para hacer valer sus derechos y porque sus reclamos tampoco fueron escuchados por las cuestionadas autoridades universitarias.
"Este requisito es una evidencia del manejo discriminador, abusivo y que atenta contra el derecho a tener un trabajo digno. Nosotros seguiremos luchando hasta que prevalezcan nuestros derechos", comentó un docente durante una entrevista realizada en Radio Titanka.
DATO
Un detalle a tener en cuenta. La mayoría de docentes que están peleando su nombramiento son nacidos en Apurímac y se han formado profesionalmente en esta casa de estudios. De recuperar su estatus, la "argolla altiplánica" dejará tener mayoría en el estamento docente y perderá la capacidad de imponer a las futuras autoridades universitarias. (P.P.D.)
