Apurímac, 16 septiembre 2025.- Familiares de víctimas del conflicto armado interno, advierten que demanda de inconstitucionalidad presentada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, contra la Ley de Amnistía busca evitar que los jueces apliquen el control difuso para inaplicar la norma, como ha venido sucediendo. Instan a retirar el recurso del Tribunal Constitucional (TC), pues solo oficializará la impunidad.

Gisela Ortiz Perea, cuyo hermano fue secuestrado y asesinado por el Destacamento militar Colina en julio de 1992 en el operativo en la Universidad La Cantuta, refirió que, por las declaraciones que han dado algunos miembros del TC, de seguro que declararán infundada la acción.

"Exigimos al defensor del Pueblo que retire esa demanda porque va a terminar afectando la poca justicia que hemos alcanzado las víctimas, y lo que están resolviendo los jueces en el caso de la amnistía, acorde al sistema de protección de los derechos humanos", indicó.

Recordó que, hace unos meses, esta misma Defensoría respaldó la norma para dar amnistía a militares, policías y miembros de autodefensa mediante un documento enviado a la Comisión de Constitución, pese a que en anteriores ocasiones se había opuesto.

"En plena discusión de la Ley de Amnistía, ellos han ido a defenderla, señalando que los militares están muchos años en juicios. Si esa ha sido su actitud en el proceso, ¿por qué ahora presentan una acción de inconstitucionalidad? Lo hacen simplemente, para darle el marco de validez legal que ahora no tiene", remarcó, advirtiendo que más bien han obviado a las víctimas.

Sostuvo que "están forzando a que se pronuncie el TC por la constitucionalidad de la norma, y con eso obligar a los jueces que la acaten".

Sharmelí Bustíos, hija del asesinado periodista Hugo Bustíos en Huanta en 1988, se sumó a las voces de los familiares que instan al defensor del Pueblo a retirar la demanda de inconstitucionalidad.

"Sabemos cómo fue elegido el Tribunal Constitucional y cómo ha actuado en temas de derechos humanos, dando la espalda a los familiares que durante años hemos estado buscando justicia. Y ahora lo hace la Defensoría, cuando antes pensaban realmente en los más afectados", señaló.

Agregó que la Ley de Amnistía afecta el derecho de los familiares a la justicia, que durante años han luchado para que los responsables sean sancionados. "Dicen que es para los que defendieron al país del terrorismo, pero no es para los buenos militares y policías que sí lo hicieron, sino para los malos efectivos que no honraron el uniforme, y asesinaron, torturaron y ejecutaron a personas inocentes", apuntó.

En el 2023, por la muerte de su padre condenaron al exministro Daniel Urresti, quien en 1988 fue jefe de Inteligencia del Cuartel Castropampa, y ahora ha pedido acogerse a la Ley de Amnistía.

Cirila Pulido es sobreviviente de la masacre de 69 personas en la comunidad ayacuchana de Accomarca en 1985, entre ellos varios niños. Vio a morir a su madre y su hermanito de 8 meses. Ahora siente indignación por la Ley de Amnistía y también pide al defensor del Pueblo a retirar el recurso que solo ahondará sus heridas.

"Que retire esa demanda. No es justo que pasemos tantos años de lucha para que todo quede en nada con esa Ley en Amnistía. Que se ponga en nuestro lugar, qué sentiría si le pasara a él", inquirió.

Ella tenía 12 años cuando los efectivos del Ejército ingresaron y pudo escapar a una loma, desde donde vio los crímenes sin poder hacer nada. "Estuve en la sentencia y pensé que por fin lográbamos justicia para nuestros familiares. Ahora con esta amnistía hay que volver a empezar", comentó.

Santos Cayllhua perdió a su padre en 1990. Efectivos del Ejército y la policía llegaron a su casa, en Chuschi, y se lo llevaron junto a otros pobladores. Desde entonces están desaparecidos. Relató que se ha dictado sentencia contra algunos de los responsables, pero están prófugos, y se ha reservado el proceso para otros que nunca se presentaron. Siente que igual no alcanzó justicia, lo que va a ser oficializado con la amnistía.

"El defensor del Pueblo no ha tenido un rechazo a esa ley, por eso pensamos que el objetivo de acudir al Tribunal Constitucional tiene el objetivo de atar de manos a los jueces para que los responsables sean liberados", sentenció.

Fuente: La República