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Mineros artesanales informales buscan que su actividad sea permanente

Han propuesto que sea reconocida la práctica de la minería ancestral, tengan derecho a servidumbre de concesiones y no haya plazos en el proceso de formalización.

Mineros artesanales informales buscan que su actividad sea permanente

Apurímac.- Organizaciones de mineros artesanales han propuesto al Congreso que el proceso de formalización sea permanente, como cualquier otra actividad económica. También quieren que la Ley MAPE reconozca la práctica de la minería ancestral o tradicional y disponga medidas para su preservación, planteamiento que para sectores empresariales tendría como propósito perpetuar la informalidad. 

De acuerdo a lo manifestado por dirigentes de los mineros – en proceso de formalización, informales e ilegales— no están satisfechos con la ampliación por seis meses del plazo de formalización en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). 

Han logrado que la Comisión de Energía y Minas del Congreso recoja sus propuestas en audiencias públicas y las incluya en el dictamen del proyecto de Ley para la Formalización de la Pequeña Escala y Minería Artesanal (Ley MAPE), impulsado por el Ejecutivo y que debería reemplazar al Reinfo.

Ismael Palomino, coordinador general de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), confirmó que han presentado cinco propuestas a la comisión del Congreso para que sean incluidas en el dictamen de la Ley MAPE. Tres de ellas, en la práctica, impedirían el proceso de formalización.

Asimismo, en la II Audiencia Descentralizada de la Comisión, el presidente de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe), Celso Cajachagua, dijo que si la ley no se discute con el pueblo saldrá mal. “Nosotros queremos aportar propuestas que hemos trabajado y esperamos un avance”.

Primer objetivo

El primer planteamiento es que el proceso de formalización sea permanente, como cualquier otra actividad económica.

“Hasta el día de hoy, la formalización ha tenido plazos: dos años, tres años; ahora, por último, nos han dado seis meses. ¿Por qué nos ponen plazos? ¿Por qué no puede ser permanente, como cualquier otra actividad?”, cuestionó Palomino.

Dijo que el gobierno debería permitir esa actividad como cuando alguien decide abrir una farmacia: tramita la licencia en la municipalidad y empieza a funcionar.

Segundo objetivo

Un segundo objetivo es que la Ley MAPE reconozca la práctica de la minería ancestral o tradicional y disponga medidas para su preservación. Palomino refirió que la mayoría de los mineros pertenece a esta categoría y reconoció, al mismo tiempo, que ninguno ha iniciado el proceso de formalización.

“Queremos que se reconozca esa minería ancestral y tradicional”.

Por su parte, el abogado y excongresista de las filas de Somos Perú, Natale Amprimo, manifestó que los mineros artesanales buscan que la ley incluya políticas públicas para preservar y mejorar las condiciones de vida de los mineros ancestrales o tradicionales. Esto obligaría al Estado, por ejemplo, a entregar a un minero el título habilitante de minero ancestral, con derecho de exploración y explotación, sin ningún compromiso de formalización ni obligación de cumplir las normas que regulan el sector.

Amprimo advirtió que esto, en vez de contribuir a la formalización y sostenibilidad de la actividad minera, promovería una norma que eventualmente sería usada para encubrir actividades informales e ilegales en zonas prohibidas, como las áreas naturales protegidas.

Tercer objetivo

El tercer objetivo de los mineros informales es que la Ley MAPE considere la entrega de derechos de servidumbre. Según el dirigente de la Confemin, Ismael Palomino, si un minero no llega a un acuerdo con el concesionario donde hay reservas mineras, podrá solicitar al Gobierno regional o al Ministerio de Energía y Minas el derecho de servidumbre de explotación sobre “esa labor que está desarrollando”.

“Actualmente hay acaparamiento de extensas hectáreas en concesiones que no se trabajan durante 20 o 30 años. Por lo tanto, eso se calificaría como concesiones inactivas en cinco años; deberían ser revertidas al Estado y concesionadas a aquellos mineros que trabajan en esas áreas”, explicó Palomino.

Por su parte, Cajachagua, de la misma manera, insistió en que el contrato de las concesiones mineras debe cambiar. “No puede ser que un titular que nunca ha ido a la mina, a pesar de ser su concesión, le diga en forma abusiva ‘te vas’ a los mineros que han trabajado años”, enfatizó.

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