Apurímac 26/07/2024.- La Contraloría detectó que funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Abancay aprobaron una ordenanza municipal que otorgó beneficios de reducción de multas por infracciones de tránsito “muy graves”, pese a que, según el Reglamento Nacional de Tránsito, no se puede aplicar tal beneficio por el tipo de estas y debían ser pagadas en su totalidad. 

La mencionada ordenanza estuvo vigente desde el 17 de junio del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022, durante la gestión del exalcalde Guido Chahuaylla y fue prorrogada 16 veces por decretos de alcaldía, dejándose de de percibir más de S/ 1.5 millón. 

La Auditoria N° 016-2024-2-0347-AC, a cargo del Órgano de Control Institucional de la entidad, reveló la ausencia de informes en los antecedentes de la ordenanza, en los cuales solo se citan 4 de los 17 emitidos y se omiten documentos relevantes, incluso, en algunos casos presentan inconsistencias en sus argumentos técnicos, lógicos y legales.

De la revisión a los informes, se advierte que fue el exgerente de Transportes quien planteó la propuesta de la reducción, inobservando el Reglamento Nacional de Tránsito. Además, el exgerente de Asesoría Jurídica comentó temas económicos y sociales, que no eran de su competencia, para viabilizar ilegítimamente la aprobación de la reducción de multas por infracciones de tránsito. 

El dictamen de la Comisión de Tránsito Vialidad y Transporte Público de la entidad tuvo insuficiente fundamentación y coherencia en su análisis legal pues no respetó el alcance de las leyes o reglamentos nacionales. 

Durante el periodo de vigencia se cobraron más de mil papeletas sujetas al beneficio ilegal, ocasionando un perjuicio económico a la municipalidad de S/ 1 532 405,10. Esta situación vulnera la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, el Reglamento Nacional de Tránsito, la Ley Orgánica de Municipalidades, entre otros. 

Asimismo, el informe del exasesor externo de alcaldía fue impreciso e incoherente ya que citó normativa nacional que hace mención a la actuación del Ministerio de Transportes, donde señaló que los gobiernos locales solo emiten normas complementarias; no obstante, opinó por la procedencia de la reducción.

Sumado a ello, se verificó que en el Acuerdo Municipal, que aprueba la ordenanza, se adoptó en una sesión de concejo donde no se debatió, votó o aprobó el proyecto, lo que hace que este documento no tenga formalidad y validez. 

Tras las irregularidades determinadas, se identificó presunta responsabilidad en nueve funcionarios, los nueve bajo el ámbito civil y cinco por el proceso administrativo funcional de la entidad.

La Contraloria encontró responsabilidad administrativa en los funcionarios y servidores: Jorge Segovia Palomino (Gerente de Transportes, Regulación y Circulación Vial), Wilfredo Berrocal Ramírez (Gerente de Asesoría Jurídica); Gilmer Alarcón Cañari (Subgerente de Regulación de Transportes); Dennis Lizando Sotelo Vargas (Director de Sistema Administrativo)-

Asimismo, Dako Palomino Juro (Asesor externo del despacho de Alcaldía); Neil Huamaní Pozo (regidor), Ramiro Bueno Quino (Regidor) y Jose Luis Monzón Huamán (Regidor).