(Lunes 13/11/2023).- Soy un sobreviviente. “Y digo sobreviviente porque se debe tener presente que la mayoría de las lesiones fueron por arma de fuego, fueron a la cabeza, pecho y abdomen. Sin duda, no querían asustarnos, tampoco dispersar la manifestación, querían asesinarnos”.

Eso dijo Nelson Oré Espinoza, estudiante universitario de Ayacucho, quien el 15 de diciembre del año pasado resultó con trauma abdominal abierto por arma de fuego, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La audiencia pública se realizó en Washington DC, con la presencia de representantes de las víctimas de las protestas sociales de diciembre 2022 y enero 2023, y representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes informaron que el Estado peruano ha incumplido con las recomendaciones contenidas en el ‘Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú en el contexto de protestas sociales’, emitido por este organismo.

Oré Espinoza mencionó que, si bien el Estado resolvió entregar una ayuda económica de 25.000 soles, esta no llegó a todos los afectados. Los que recibieron lo tuvieron que destinar al tratamiento, rehabilitación y necesidades familiares al verse impedidos de trabajar.

Mencionó el caso de Raúl Goya, quien sobrevivió con dos proyectiles en el rostro que le destrozaron la mandíbula. O el caso de Anderson Lapa, quien también sufrió el mismo impacto y para recuperar la mandíbula le tuvieron que hacer un injerto de hueso, retirándole una parte del peroné. Hecho que lo ha dejado discapacitado.

También aludió al menor apurimeño de iniciales EQ, de 14 años, a quien el 12 de diciembre le dispararon por la espalda. El proyectil se alojó en su columna. Y agregó el caso de Nelson Condori Velarde, de Juliaca, que está inmovilizado por fractura del cráneo. 

“Por ello, señores y señoras comisionadas, aseguramos que el Estado ha incumplido las recomendaciones dadas por esta comisión, y pedimos que se forme una junta de médicos de alta especialidad para que revalúe la situación de los sobrevivientes y heridos y se defina una ruta de recuperación total con rehabilitación, así como destinar una pensión vitalicia para aquellos que han quedado con discapacidad”, señaló el estudiante Nelson Oré .

En la sesión también participaron los familiares de las víctimas de otras localidades, como Juliaca y Andahuaylas.

Dany Quispe Rojas, de Apurímac, quien perdió a su hijo en la movilización del 11 de diciembre en Andahuaylas, relató que desde ese día padres, madres, hijos, esposas y hermanos iniciaron una lucha por justicia y que los responsables deben pagar por lo ocurrido.

“Hay varios responsables: Dina Boluarte, Alberto Otárola y los jefes militares y policiales, pero hasta ahora no hay proceso judicial contra ellos, solo una investigación preliminar”, cuestionó Quispe. Pidió que las autoridades del Poder Judicial los escuchen en su propia lengua, pues la mayoría de las madres que acuden a pedir justicia solo hablan quechua y sienten que no les hacen caso por no hablar castellano.

A su turno, Ketty Marcelo López, presidenta de Onamiap, cuestionó la “dictadura congresal” que ataca a las pocas instituciones democráticas que quedan en pie, como la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones.

Llamó la atención de los comisionados sobre nuevas investigaciones que están abriendo a nivel policial “en forma clandestina” por el delito de terrorismo contra lideresas y líderes indígenas que participaron en las protestas sociales.

“Por todo ello queremos reiterar nuestra solicitud de formar una comisión internacional que investigue imparcialmente los crímenes cometidos contra nuestros hermanos y hermanas quechuas y aimaras como señala nuestro informe jurídico que hemos alcanzado hoy a la Secretaría Ejecutiva que se titula ‘Hasta alcanzar justicia’. Esto responde a que no existe garantías en el sistema de justicia en el Perú”, afirmó la lideresa asháninka Ketty Marcelo.

Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), centró su participación en las investigaciones sobre la intervención de las fuerzas policiales y militares en las manifestaciones que ocasionaron casi medio centenar de muertos y cientos de heridos. 

Dijo que la fiscal de la Nación, encargada de descubrir la responsabilidad de la presidenta Boluarte y ministros de Estado en estos hechos, resolvió en contra de la participación de los representantes de las víctimas en el interrogatorio a los investigados. 

Hecho que revirtieron solo vía tutela de derechos, que un juez amparó. Indicó que la presidenta Boluarte, pese a haber señalado en un inicio que respondería las preguntas de la representación de las víctimas, guardó silencio ante el interrogatorio.

Asimismo, relató que las víctimas y testigos eran notificados para que declaren en Lima, por lo que han requerido a la Fiscalía de la Nación que viaje a la zona o tome declaraciones en forma virtual. “Con estos datos y otros que alcanzaremos a la honorable comisión podemos afirmar que el Estado ha incumplido con las recomendaciones incluidas en el informe, en los puntos 15, 16 y 17”, afirmó Cano. 

Añadió que la actual coyuntura, donde jueces y fiscales que cumplen con su papel son sometidos a procesos disciplinarios o se pretende criminalizarlos, no contribuye a crear un clima de confianza.

El Estado aseguró todo lo contrario. Indicó que se han dado reparaciones a las víctimas, se iniciaron investigaciones fiscales y se impartieron protocolos en el contexto de protestas sociales. Además, negó que haya una política de violación de derechos humanos en las manifestaciones.

“Debo remarcar que no existe ni ha existido política del gobierno tendiente a vulnerar los derechos humanos. Por el contrario, este Gobierno tiene como pauta elemental el respeto irrestricto y la difusión de los derechos humanos en el país”, aseveró el viceministro de Derechos Humanos, Luigino Pilotto.

Agregó que las investigaciones son realizadas por organismos constitucionalmente autónomos “sin interferencias por parte del Gobierno”.

También sostuvo que por iniciativa propia, el Estado atendió a 111 deudos de 63 personas fallecidas y 155 personas heridas de gravedad, con apoyo de 50.000 soles por fallecido y 25.000 soles por herido de gravedad. Dentro de los fallecidos incluyó a militares y policías “así como a personas que por el cierre de carreteras no llegaron a hospitales a tiempo”.

Por otro lado, dijo que la defensa pública brindó 112 orientaciones legales y 20 patrocinios en el marco de las protestas sociales, y que el sector Justicia aprobó normas y protocolos aplicables en las protestas. Anunció que este año se abrirán 12 servicios especializados de defensa de víctimas con enfoque intercultural, y se ha empezado a realizar siete mesas de diálogo con defensores de DDHH.

La segunda vicepresidenta de la CIDH, Roberta Clarke, señaló que el organismo estaba dispuesto a facilitar el diálogo y “seguir adelante con el caso”.

Cuando el embajador Gustavo Adrianzén terminó su exposición diciendo que algunas decisiones de la Comisión, con las que no estaban de acuerdo, significó la concesión de beneficios a líderes de movimientos terroristas, una mujer ingresó y gritó: “¡Mentira, el Estado está mintiendo!”.

Adrianzén pidió que la retirasen, pero como la mujer insistía, el representante permanente ante la OEA dijo a voz en cuello: “Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes, presidenta”, vociferó, exaltado. Finalmente, la mujer fue apartada.

Fuente: La República