(Lunes 14/11/2022).- Salvo Zamir Villaverde García, hasta ahora los financistas de la campaña de Pedro Castillo sometidos al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder son provincianos, y en algunos casos, paisanos del jefe del Estado, como Salatiel Marrufo Alcántara, Nenil Medina Guerrero, Segundo Sánchez Sánchez, Abel Cabrera Fernández y Daniel Obregón Flores. Todos están detenidos, excepto uno, que se encuentra prófugo. 

La mayoría es parte del llamado “gabinete en la sombra”. Ahora el caso ha dado un giro y alcanza a empresarios afincados en Lima.

Se trata del mismo esquema. Hombres y mujeres de negocios que invierten en las campañas de políticos que, si ganan las elecciones, reclaman una compensación mediante contratos con el Estado, adjudicaciones de obras públicas o festinación de trámites para acceder a propiedades estatales. 

Colaboradores eficaces y testigos protegidos, quienes trabajaron en el Ministerio de Vivienda y Construcción y en la Superintendencia de Bienes han señalado que fueron presionados, en nombre del presidente Castillo, para favorecer a la compañía Marka Group vinculada a los empresarios y socios Fernando Pazos Huayamares y Sada Goray Chong.

Ni Pazos ni Goray aparecen como contribuyentes de la campaña de Pedro Castillo en los registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero los testigos han dicho a las autoridades que el exministro de Vivienda Geiner Alvarado y su exjefe de gabinete de asesores Salatiel Marrufo señalaron que recibieron órdenes para atender las exigencias de Marka Group, una inmobiliaria relacionada con los empresarios Fernando Pazos y Sada Goray.

A diferencia de Sada Goray, Fernando Pazos hasta el momento no aparecía relacionado con tres casos a cargo del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder:

a) La solicitud de la inmobiliaria Marka Group para que el Fondo MiVivienda le permitiera otorgar préstamos hipotecarios sin supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

b) El pedido de Marka Group para que el Fondo MiVivienda le di el visto bueno a un esquema de fideicomiso para tres proyectos del programa Techo Propio.

c) La solicitud de Sada Goray, supuestamente a título personal -no obstante que era gerente de Marka Group-, para que la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) reconozca que no le pertenecen al Estado más de 90 hectáreas en el sector Pampa Los Perros, en Chilca, porque, presuntamente, están superpuestas a una propiedad privada.

Después de que varios funcionarios que se opusieron a estos requerimientos y el gobierno los reemplazó por otros más accesibles, el 15 de setiembre y el 18 de octubre de 2021, y el 6 de abril de 2022, Marka Group y Sada Goray recibieron luz verde para sus tres solicitudes.

Los colaboradores eficaces y los testigos protegidos de este caso han declarado que fueron presionados para definir las solicitudes en beneficio de Marka Group y Sada Goray porque era el pedido del presidente Castillo.

“Salatiel Marrufo le buscó a la viceministra (Añaños) en su oficina y le explicó que era importante ver este tema (de Marka Group), ya que eran favores que tenía que cumplir el presidente de la república”, declaró la exviceministra de Vivienda Elizabeth Añaños.

El exdirector de Gestión de Patrimonio Estatal de la SBN William de la Vega Villanes declaró al dominical Cuarto Poder que lo despidieron después de rechazar el pedido de Sada Goray sobre los terrenos de Chilca. Goray luego vendería el predio por US$ 47 millones a la inmobiliaria Centenario del Grupo Romero.

Para sustentar su decisión en beneficio de Sada Goray, la SBN contrató una “asesoría externa” a la abogada Flor Olivera Orellana, socia de Fernando Pazos y Sada Goray, que le daba la razón. El círculo perfecto.

Fernando Pazos Huaymares declaró que no es propietario de Marka Group, pero que sí financió algunos de los proyectos de Sada Goray Chong. Negó haber aportado a la campaña de Castillo.

Por intermedio de un representante, Sada Goray rechazó haber financiado la campaña de Castillo. Dijo que la gestión sobre los terrenos de Chilca fue “personal”.

Flor Olivera, contratada por la SBN como “consultora externa” y quien aprobó darle el terreno estatal a Goray, trabaja en la misma dirección que Fernando Pazos y Sada Goray.

Fuente: La República