Apurímac, 30 octubre 2026.- Choques eléctricos, palizas, rociamientos con gas pimienta, asfixias por sumersión y hasta colgaduras de los cuerpos de sus extremidades. Así se tortura en las cárceles de El Salvador desde que entró en vigencia el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele, según la denuncia que diferentes organizaciones sociales presentaron esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

David Morales, exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos y abogado de la organización Cristosal, expuso que hasta el momento han registrado 454 muertes dentro de las prisiones. Entre los fallecidos hay 33 mujeres, tres niñas y un niño.

El 78 % de la víctima no tenía ningún vínculo con las pandillas y en los reportes de muertes podría haber encubrimiento del Instituto de Medicina Legal, ya que las autopsias dicen que estas personas murieron por causas como edemas pulmonares o cerebrales, pese a que los cuerpos presentan traumas, expuso Morales. “Comprobamos la práctica de la tortura antes y después de las capturas”, precisó, y por lo tanto, se tratan de “ejecuciones extrajudiciales”, continuó.

Esta audiencia, donde también las organizaciones denunciaron la pasividad del Estado salvadoreño frente a estas violaciones sistemáticas de derechos humanos, ocurrió una semana después de que Bukele anunciara que su gobierno tiene un plan para liberar anticipadamente a miles de personas detenidas por colaborar con pandillas, una decisión criticada por diferentes sectores porque estas liberaciones son competencia de los jueces, no del Ejecutivo.

Bajo el régimen de excepción, que Bukele implementó en marzo de 2022, han sido detenidos más de 93 mil salvadoreños, algunos casos han sido denunciados como2 detenciones arbitrarias. Una muestra de detenidos analizada en 2024 por Cristosal, por ejemplo, plantea que la mayoría fue detenido de forma fraudulenta”, y luego fueron acusados de pertenecer a pandillas.

El 13 de octubre, ante cuestionamientos de una periodista sobre una supuesta comisión que analiza la libertad de los detenidos y que está conformada por uno de los hermanos de Bukele, el presidente habló de la existencia de este plan de liberación y, por primera vez en años, dijo que le gustaría derogar el régimen de excepción.

Sin embargo, las repercusiones de este anuncio fueron tales que, tres días después, durante la visita de su par costarricense, Laura Fernández Delgado, dedicó 18 minutos de una conferencia a tratar de “aclarar” dicho plan.

“Lo que dije fue que íbamos a revisar el 50 %, aproximadamente, pueden ser 45, 55, de los casos de los están presos por ser colaboradores de pandillas, no de los pandilleros. Incluso, hay gente que tergiversó el término ‘colaborador’. Entonces, dije: ‘Se lo vamos a explicar con dibujitos, para que no haya duda, y traje dibujos”, ironizó Bukele, al tiempo que, desde una pantalla, presentó estadísticas sobre la población carcelaria salvadoreña, datos que hasta entonces solo conocía la administración bukelista.

En esa conferencia el mandatario dijo que las cárceles salvadoreñas alojan a 120,965 reos y que 96,457 están vinculados a pandillas. De esta última cifra, agregó, 10,629 han sido categorizados como “colaboradores”, lo que para el gobierno significa que no pertenecen directamente a pandillas, pero ayudaron en ciertas circunstancias a cometer o encubrir los delitos de los grupos criminales. Sobre ellos, dijo, su gobierno analiza una revisión de casos para que ingresen a un programa de reinserción y que no cumplan una pena completa por sus delitos.

El Estado salvadoreño está cooptado por Bukele. El mandatario llegó por el voto popular a la presidencia en 2019, dos años después su partido obtuvo los primeros diputados en el Congreso, quienes en alianza con otros, destituyeron al Tribunal Constitucional y al Fiscal General que investigaba negociaciones de su gobierno con pandillas, para luego instalar en estos cargos a persona afines al oficialismo. 

En 2024, tras una reforma constitucional, Bukele fue reelegido y bajo otra enmienda constitucional también buscará nuevamente la reelección el próximo año.

“La línea entre quién es considerado pandillero que debe permanecer en la cárcel y el ‘colaborador’ que puede salir está siendo definida por el mismo Ejecutivo. Es difícil valorar este proceso solo a partir de declaraciones del presidente, pero si lo que existe es una comisión con personas cercanas a él, no hay garantías de independencia y rigurosidad”, señala, a Página 12, Abraham Ábrego, director legal de la organización Cristosal.

Para Ábrego, no está claro cuál sería la condición jurídica de las personas liberadas, porque para que puedan acceder a la libertad deben haber cumplido parte de una pena y esto lo decide solo un juez. Además, en el informe que un grupo de juristas internacionales especializados en investigar violaciones a derechos humanos presentó en diferentes instancias, como las Naciones Unidas, señalando que en El Salvador se cometen crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción, se recomienda que debe crearse un mecanismo independiente al Ejecutivo que revise los casos de los detenidos.

“La lógica de Bukele, es distinta, las personas tienen que aceptar ser culpables, aunque no lo sean, para poder gozar de un beneficio. Esto crea un incentivo perverso. Una persona detenida injustamente, sin juicio y con un horizonte de años de prisión, puede preferir aceptar una culpa que no tiene a cambio de entrar un programa de reinserción y ‘salir más rápido’”, plantea el abogado.

El régimen de excepción ha permitido modificar la legislación salvadoreña en los últimos años. Así se aprobó la cadena perpetua, que aplica a partir de los menores de 12 años; aumentaron las penas para los delitos relacionados con pandillas, la ley permite los juicios masivos sin individualizar las acusaciones y deja a los imputados sin el pleno derecho de la defensa. 

A mediados del año pasado, una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas arrojó que, de 10 salvadoreños, seis temen represalias si critican al gobierno.

“Habría que esperar a ver si, con estas declaraciones, existen reformas legales, pero lo veo de manera escéptica, porque existe una represión absoluta en el país, con un gran porcentaje de población privada de libertad de manera arbitraria e ilegal”, sostiene un reconocido penalista salvadoreño, que habla desde al anonimato, y que considera que las recientes declaraciones de Bukele son solo parte de su discurso, ya que revelan que es él quien dispone de liberar o no a los detenidos.

En ese sentido, Ábrego señala que aunque han habido condenas masivas, Bukele continúa con la narrativa oficialista de que los procesados son pandilleros y no admite que algunas personas pueden ser inocentes. En 2024, el mandatario había admitido que, del total de detenidos hasta entonces, unas 8OOO personas habían sido “detenidas por error”.

Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen, una organización que nació a inicios del régimen de excepción y que aglutina a unos 5,000 familiares de detenidos, plantea que, en caso de que exista la comisión que analiza los casos de las liberaciones anticipadas, debe incluirse a personas de la sociedad civil y que el proceso de liberación debe ser observado por organismos internacionales.

“Le hemos tomado la palabra a Bukele, pero tenemos muchas dudas, porque no sabemos quiénes integran esa comisión. No hay transparencia, no hay rendición de cuentas, el secreto es total”, apunta Ramírez.

Fuente: Página12