Apurímac, 29 octubre 2026.- Se acabó la paciencia. El alcalde provincial de Candarave, Rafael Vega, confirmó la ruptura de relaciones con Southern Perú y confirmó que el próximo 4 de noviembre se realizará un paro provincial de 24 horas para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa minera. 

La autoridad aseguró que la población está cansada de esperar respuestas mientras persisten los problemas relacionados con la agricultura y la escasez de agua.

El burgomaestre sostuvo que la decisión responde al incumplimiento del Convenio Marco 012-13, suscrito en 2013 luego del conflicto por el recurso hídrico conocido como el “Huaytirazo”, ocurrido en 2011. Según indicó, pese al tiempo transcurrido, varios compromisos vinculados con el desarrollo de la provincia continúan pendientes.

Así, la autoridad detalló que del Fondo de Desarrollo de Candarave de S/ 255 millones destinado a financiar proyectos agrarios y productivos, en aproximadamente 13 años se habrían solo ejecutado cerca de S/ 150 millones, mientras que más de S/ 100 millones continúan pendientes e incluso la minera —aseguró— no desembolsó ni un sol durante su gestión. 

Pero, la gota que habría colmado el vaso fue la respuesta de Southern Perú al pedido de financiamiento para recuperar los andenes deteriorados de Candarave. 

Vega explicó que la provincia tiene alrededor de 5.000 hectáreas de andenería que necesitan rehabilitación, proyecto que demandaría una inversión aproximada de S/ 90 millones. Para iniciar los trabajos, las autoridades solicitaron S/ 40 millones del fondo comprometido, pero, según el alcalde, la minera ofreció únicamente S/ 5 millones.

El conflicto también tiene como trasfondo la escasez hídrica que golpea a la provincia. Cuestionó que Southern Perú mantenga autorizaciones para captar hasta 1.950 litros de agua por segundo de fuentes superficiales y subterráneas, mientras que la población enfrenta dificultades para garantizar el abastecimiento.

Vega también criticó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por rechazar una solicitud para destinar 15 litros por segundo al suministro de agua potable de la población urbana. Según manifestó, la entidad argumentó razones vinculadas con la seguridad jurídica y los contratos ley de la empresa minera.

“Llegamos a la conclusión de que tenemos un Estado prominero que protege la actividad minera a costa de la desgracia del pueblo”, expresó la autoridad edil.

En tal sentido, el paro del 4 de noviembre contempla una movilización pacífica. Para ello invitarán a parlamentarios, consejeros regionales, representantes de la Defensoría del Pueblo y funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros para que conozcan de primera mano las demandas de la población.

También informó que se coordina con el alcalde electo, Daniel Romero, para que la próxima gestión mantenga una posición firme en la defensa del agua y en la exigencia de que se cumplan los compromisos pendientes.

Fuente: Radio Uno