Apurímac, 2 octubre 2025.- En dos de las cuatro regiones donde se investiga el asesinato de siete menores de edad durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, el Ministerio Público ya ha incluido al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional como tercero civil responsable para un eventual pago de reparación civil a los deudos. 

Así ha ocurrido en Ayacucho y Puno y, a eso, apunta la tesis fiscal en Junín. También en tres regiones —Apurímac, Junín y Ayacucho— se han extendido los plazos de las investigaciones. Según los abogados, esto expone las crecientes evidencias para procesar a los presuntos responsables. Pese a eso, maniobras políticas aún pueden torcer la esperanza de justicia.

Aunque de manera discreta, las investigaciones por el asesinato de siete menores de edad durante la represión policial y militar a las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023 han tenido un progreso importante: tres de las cuatro han sido prorrogadas —paso clave hacia una acusación fiscal y un eventual juicio—. En Ayacucho y Puno, además, el Estado peruano ha sido incluido como tercero civil responsable. 

A futuro, esto puede facilitar el pago de una reparación económica para los deudos. Sin embargo, nuevas arremetidas del Ejecutivo y el Congreso, y el reciente cambio en la cabeza del Ministerio Público, generan riesgos en la búsqueda de justicia.

Cristofer Ramos Aime (15), David Atequipa Quispe (15), Robert Medina Llanterhuay (16), Jhonatan Tello Claudio (17), Elmer Zolano Leonardo (16), Jhamileth Aroquipa Hancco (17) y Brayan Apaza Jumpiri (15) fueron asesinados por policías y militares entre diciembre de 2022 y enero de 2023, mientras presenciaban las protestas contra el Gobierno y el Congreso, brindaban ayuda a los afectados o caminaban por la zona. 

Los primeros avances en las investigaciones se dieron el año pasado, como informó OjoPúblico. Entre ellos, la imputación a 48 policías y militares por presunto homicidio calificado. Aunque las proyecciones para los primeros juicios se han retrasado —inicialmente, se esperaba que esto ocurra en 2026 pero requerirá, al menos, un año más—, los familiares de las víctimas mantienen el optimismo. 

Tres de las cuatro investigaciones han sido prorrogadas. Esto, señalan los abogados, ha permitido recoger más evidencia sobre los asesinatos".

“[Las investigaciones de] los casos grandes van a terminar este año o, en el peor de los casos, a inicios del próximo”, cuenta Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal, que representa a deudos y heridos de las protestas. Este paso es indispensable para que el Ministerio Público haga una acusación formal. Y esta, a su vez, para un juicio.

El retraso, explican familiares y abogados, se debe a las dificultades experimentadas por  el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Entre febrero de 2024 y abril de este año, el coordinador del grupo cambió en cuatro oportunidades. 

Ello provocó traslados de los fiscales provinciales a cargo de las investigaciones de cada región y, a la par, la necesidad de que sus reemplazos estudien los pormenores de cada indagación para continuar, en el menor tiempo posible, con las diligencias. 

“Hay compromiso, hay cierta confianza [en el Eficavip]”, dijo Raúl Samillán, presidente de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres de 2022-2023 y hermano de Marco —interno de medicina que fue asesinado por un policía mientras auxiliaba a un herido de la represión de Juliaca—, días antes de la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la nación. Tras el ingreso de Tomás Gálvez como interino, en cambio, Samillán se ha mostrado preocupado.

Esto ocurre, además, mientras el Congreso alista un proyecto de ley para amnistiar a los policías y militares investigados por los asesinatos de esas protestas.

 

En Apurímac, “con los avances e investigaciones, no veo riesgos al proceso”, dice Saúl Peceros, abogado de los deudos de  David Atequipa Quispe (15) y Robert Medina Lanterhuay (16). Los adolescentes fueron asesinados por policías el 11 y 12 de diciembre de 2022 en las provincias de Andahuaylas y Chincheros, respectivamente.  

A pesar de ser dos de las muertes más invisibilizadas, sus casos han progresado sostenidamente. Peceros proyecta que la acusación contra los responsables se dará entre fines de este año y el primer trimestre de 2026. 

El abogado estima que 11 policías serán imputados por la matanza: nueve son investigados por homicidio calificado con alevosía y grave violación a los derechos humanos desde el año pasado. A este grupo se han sumado dos agentes más: el teniente general de la PNP Jorge Luis Angulo Tejada, en ese entonces comandante general de la Policía, y el suboficial de segunda John Charles Avendaño de la Cruz, miembro del personal de la Comisaría de Chincheros, de donde provino el balazo que mató a Robert. 

A Angulo Tejada se le sindica como autor de presunta comisión por omisión de homicidio calificado con alevosía en grado de tentativa con dolo eventual y grave violación a los derechos humanos. A Avendaño de la Cruz, como presunto autor directo del homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa de Einer Gary Quispe Navarro, de 13 años, quien fue herido por un arma de fuego. En Apurímac ocurrieron otras cuatro muertes.

Para finales de 2025, en los casos de David y Robert, ya se habían iniciado investigaciones y recogido evidencia, al igual que con los otros cinco adolescentes fallecidos. Las diligencias continuaron este año, lo cual es un buen augurio, según los abogados. La investigación de Robert continuará hasta noviembre próximo y la de David, hasta febrero de 2026. Luego, comenzarán a correr los 30 días para formular la acusación, proceso clave que llevará a un juicio.

El camino no ha estado exento de dificultades: En Apurímac se cambió a la fiscal provincial y a todos los fiscales adjuntos, salvo uno. “Para que [el fiscal provincial] tenga conocimiento completo [del caso], mínimo se requiere un mes; se pierde mucho tiempo”, dice Peceros. 

A la nueva fiscal, Elizabeth Quispe Palma, que lleva unos cuatro meses en el puesto, “la veo con muchas ganas, lo que nos da confianza”, dijo. El riesgo natural, dadas las idas y vueltas de nombramientos, es que los fiscales cambien de nuevo. 

Uno de los casos más avanzados es el de Jhonathan Tello Claudio (17),  quien fue asesinado por un policía en Pichanaki, Junín, el 16 de diciembre de 2022. Como en los demás procesos, hubo demoras por los cambios en el Eficavip, que conllevaron a reemplazos de fiscales provinciales. 

A pesar de ello, a mediados de agosto, concluyó la prórroga de la investigación fiscal, lo que permitió recoger más evidencia sobre su asesinato y el de otras dos personas. 

El juez Víctor Alcocer Acosta, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, también admitió a trámite la solicitud del Eficavip de incorporar a la Policía Nacional del Perú como tercero civil responsable, lo que obligaría al Estado a una reparación civil por las muertes y lesiones causadas. 

La abogada de los padres de Jhonathan y las demás víctimas de Pichanaki, Gery Vásquez, se siente optimista: “Las investigaciones han brindado todos los elementos del plan operativo [de la PNP] y de las órdenes que llevaron a los policías a actuar”. 

El Eficavip ha pedido incorporar a la Policía como tercero civil responsable por el asesinato de Jhonatan Tello Claudio, de 17 años".

Son tres los policías señalados por la Fiscalía, todos ellos por presunto homicidio calificado en la modalidad de comisión por omisión. Es decir, por no actuar con diligencia para evitar la muerte de Jhonathan y otras dos personas en Pichanaki. 

Bajo esta figura, los fiscales alcanzan a las cabezas policiales, y no sólo a quien jaló el gatillo. No obstante, según el coronel PNP Carlos César Guizado Solís —uno de los imputados por la muerte de David Atequipa Quispe, en Andahuaylas—, podría terminar inculpando a agentes que no tenían control inmediato sobre la vida de las víctimas.

La estrategia del Eficavip apunta a un solo juicio que englobe a todas las víctimas, lesionados y fallecidos por las protestas en el ámbito nacional. De momento, no se puede prever cuándo iniciaría.

Aunque las pruebas de los asesinatos durante las protestas son cada vez más contundentes, facciones del Congreso buscan proteger a acusados y sentenciados por violaciones a los derechos humanos. El proceso de justicia de las matanzas de 2022 y 2023 está amenazado.

La reciente suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la nación por la Junta Nacional de Justicia puede poner a prueba las investigaciones y al propio Eficavip. Cambios previos en el titular del Ministerio Público han supuesto, también, movimientos en la jefatura del equipo especial. 

“Seguro vendrán cambios a la coordinación del Eficavip y, con eso, a fiscales provinciales”, señala Raúl Samillán, presidente de la Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres de 2022-2023. Los cambios de fiscales, para Samillán, amenazan con dilatar las investigaciones. 

OjoPúblico solicitó en múltiples oportunidades una entrevista con la coordinadora del Eficavip, Rosario Quico. Pese a eso, ésta nunca fue aceptada.

El año pasado, ya había muestras de desdén por la búsqueda de justicia desde la Policía. En noviembre de 2024, cuando más de 90 deudos viajaron a Lima para una marcha, algunos policías “metieron palo, golpe, empujaron a las señoras”, dijo, entonces, Óscar González Huamán, padre adoptivo de Jhonatan Tello Claudio.  

También se censuraron muestras artísticas, la presidenta Dina Boluarte respondía escuetamente a las interrogantes de la Fiscalía y, ya por ese entonces, la Defensoría del Pueblo evitaba pronunciarse sobre el tema.

La reciente promulgación de la Ley de Amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y comités de autodefensa por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, ha motivado un spin off: el congresista y primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), ha anunciado que está trabajando un proyecto de amnistía para favorecer a policías y militares investigados por las matanzas de 2022 y 2023, con apoyo de un grupo de generales en retiro. 

Según dijo, los efectivos y militares “están siendo procesados injustamente”. Rospigliosi fue contactado tres veces por este medio. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Los abogados de los deudos ven a esta eventual propuesta como una amenaza.  De prosperar, buscarán inaplicar el artículo sobre prescripción y nulidad de la Ley de Amnistía. 

El Congreso alista un proyecto de ley para amnistiar a los policías y militares investigados por los asesinatos de las protestas".

Ya hay precedentes: en agosto, el juez Richard Concepción Carhuancho no aceptó una solicitud de prescripción del coronel en retiro Arturo Luis Castro Arias, investigado por el homicidio calificado de siete personas, en 1984. Al mes siguiente, el juez Jorge Chávez Tamariz hizo lo mismo con la solicitud del general en retiro Petronio Baltazar Fernández, acusado por la presunta desaparición forzada de Jorge Gutiérrez Quintero, en 1990. 

A esta corriente de protección a investigados y acusados por violaciones a los derechos humanos se suma un reciente fallo del Tribunal Constitucional que establece que el Ministerio Público puede iniciar una investigación preliminar contra un presidente en funciones con limitaciones: sólo se pueden realizar dos pedidos de información. Así será con Dina Boluarte.

La promulgación de la llamada Ley APCI, que modifica las atribuciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, también genera nuevos riesgos. La norma plantea sanciones e, incluso, la posibilidad de cancelar las licencias de aquellas ONG que lleven procesos contra el Estado y reciban fondos de la cooperación internacional. 

Ese es el caso, por ejemplo, de Gery Vásquez. La abogada de los padres de Jhonathan Tello representa al Vicariato de San Ramón, que recibe fondos del extranjero. “En el peor de los casos, tendríamos que retirarnos del proceso”, cuenta Vásquez. Para Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, la afectación final sería “quitarle el abogado” al familiar de la víctima. Esto también interrumpiría el proceso de justicia.

La investigación por el asesinato de Cristofer Ramos, a manos de un militar en Huamanga, ha tenido un avance notorio. A diferencia de lo ocurrido en otras regiones, en Ayacucho, los cambios de liderazgo en el Eficavip no trajeron movimientos de fiscales. 

En ese contexto, las investigaciones del equipo especial se prorrogaron y ya han incluido al Ministerio del Interior como tercero civil responsable, tras un fallo de la jueza Margarita Salcedo. No obstante, algunos peritajes no han podido realizarse de momento. 

“No creo que, de inmediato, vaya a haber acusación”, dice Gloria Cano, abogada que representa a los deudos de Cristofer. “Si es que se cumplen las programaciones de aquí a diciembre, de repente, será para abril. Ayacucho es un caso más complejo por la cantidad de víctimas fallecidas y heridas”, dice Cano en comparación a otras regiones, como Junín, Arequipa, Lima y La Libertad. Allí, fueron asesinadas 10 personas, la mayoría por militares.

Los riesgos, como con el resto de las víctimas, están en la arena política. “Que se llegue a juicio depende de si se da amnistía o no, o si se tiran abajo el Ministerio Público. Soy optimista, si no hay un boicot del Ejecutivo o el Congreso”, dijo Cano antes del cambio en la conducción de la Fiscalía.

En los casos originados en Juliaca también se ha incluido al Estado como tercero civil responsable. Así, deudos de las regiones donde las fuerzas del orden asesinaron adolescentes podrían ver garantizadas las reparaciones civiles en los próximos años, siempre y cuando los actores políticos no logren frustrarlas.

Tres adolescentes fueron asesinados el 9 de enero de 2023 en la que resultó la más cruenta de las masacres. Jhamileth iba camino a un mercado, Brayan salía de una cabina de Internet y Elmer presenciaba las protestas. Por sus muertes –y otras 15 más– son sindicados como responsables 19 policías y militares.

La Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres de 2022-2023 ha solicitado al Eficavip que se prorroguen las investigaciones en Juliaca, cuya primera etapa culminó a mediados de setiembre. “Faltan algunas diligencias, como la reconstrucción de hechos”, comenta Raúl Samillán.

El proceso de justicia por las masacres que cegaron la vida de siete menores de edad avanza contra viento y marea. El cambio de fiscal de la nación puede ser otro bache o un amargo final.

Fuente: Ojo Público