Apurímac, 25 septiembre 2025.- Un informe de Bank of America (BofA), basado en cálculos del Instituto Peruano de Economía (IPE), encontró que las exportaciones de oro ilegal alcanzarían este año los 12 000 millones de dólares, equivalentes al 4 % del producto bruto interno (PBI) del país. Esa cifra es cuatro veces mayor de lo registrado hace seis años, en 2019, y casi el mismo volumen de las actuales exportaciones legales. 

Según Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, las estimaciones incluso estarían por debajo de lo que realmente representa esta economía. Es decir, en el peor de los escenarios para los mineros ilegales, la exportación ilegal de oro igualará a la producción legal; en el mejor, logrará superarla.

Como había advertido el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), el blanqueo ocurre en las plantas procesadoras que han aumentado en número y que facilitan que el oro ilegal ingrese al circuito formal. No es extraño que algunas de esas plantas aparezcan hoy entre las diez empresas que más oro producen, pese a no tener minas propias.

José de Echave, economista y exviceministro de Gestión Ambiental, recordó que el año pasado se produjeron unas 90 toneladas de oro, pero se exportaron 170. Asegura que el país vive el momento de mayor diferencia entre exportaciones y producción: “Se está exportando de lejos mucho más oro del que se produce”.

De acuerdo con el exviceministro, la minería ilegal se expande en regiones como Cusco, Apurímac, Piura, Ica o Arequipa. No sorprende —añade— que la actividad se haya multiplicado por cuatro entre 2019 y 2025, periodo en el que el precio del oro y también del cobre se dispararon.

Esto podría ser resultado de varios factores, entre ellos el fracaso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que en más de una década solo logró formalizar al 2 % de inscritos. De Echave lo atribuye también a la falta de voluntad política del actual gobierno, que redujo en unos 20 millones de soles el presupuesto para combatir la minería ilegal. 

La partida 0-128, destinada a la reducción de esta actividad, pasó de 90,8 millones en 2024 a 70,6 millones en 2025.

Con exportaciones de oro ilegal que ya se comparan con las legales, plantas procesadoras que blanquean el oro sin minas propias y un Estado que reduce recursos para combatirla, la minería ilegal seguirá creciendo sin reparos.