Apurímac 9/07/2025.- Ya era hora. A casi un año de haber asumido el rectorado de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac (Unamba), Wilber Jiménez Mendoza y la "argolla altiplánica" que lo acompaña en el Consejo Universitario, enfrentan la primera denuncia e investigación preliminar por el presunto delito de abuso de autoridad.
La disposición de apertura de investigación preliminar que obra en la Carpeta N° 1406014501-2025-1500-0 fue dispuesta por la fiscal provincial Diana Arcaya Pancca de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Abancay, estableciéndose un plazo de 60 días.
De esta manera, Wilber Mendoza Jiménez (rector), Mauro Huayapa Huaynacho, Wilson Mollocondo Flores, Fulgencio Vilcanqui Pérez, Edward Ilasaca Cahuata, en calidad de miembros del Consejo Universitario y los que resulten responsables serán investigados por la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad y deberán desfilar los próximos días por los pasillos del Ministerio Público de esta ciudad.
"...en asamblea universitaria establecieron de manera deliberada una serie de requisitos y barreras no contempladas en la Ley N° 32171, emitidas en la Resolución N° 246-2025-CU-UNAMBA, impidiendo el acceso de nombramiento excepcional de docentes contratados. Indican que en dichas resolución, mencionan que hay evidentes contravenciones a la Ley N° 32171, pues se dispone en el artículo 2° y 3° las siguientes condiciones: exigencia de grado de doctor o maestro registrado en Sunedu antes de la dación de la ley, exclusión arbitraria de experiencia profesional simultánea, constancia de habilitación profesional vigente, declaración jurada de salud física y mental, irrevisibilidad del informe de la comisión evaluadora...", precisa en su exposición de motivos la fiscal.
Cabe resaltar, los docentes Luis Miguel Alfaro Chirinos, Octavio Chambi Ancori, Nélida Cconislla Cáceres, Karina Gamarra Peralta, Anabel Araníbar Molina, Merly Ancco Fuentes, Elvio Tintaya Zegarra, Olivia Tapia Laguna, entre otros más, no tuvieron otra alternativa que presentar la denuncia al Ministerio Público y otras instancias administrativas tras haber agotado toda posibilidad de diálogo y negarles el derecho de reconsideración.
"El funcionario público que abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de tres años. Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de la libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años", señala la calificación jurídica emitida por la fiscal Diana Arcaya.
Mientras todo esto ocurre, extrañamente los dirigentes estudiantiles organizados en la FEU Unamba y centros federados que tanto vociferaban lucharían contra actos irregulares y malos manejos guardan silencio y no se pronuncian al respecto. (P.P.D)
