Apurímac 9/07/2025.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la resolución en la que resuelve que el Estado peruano debe garantizar que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos sigan siendo representadas por las organizaciones que las acompañan, sin sufrir represalias por la Ley N° 32301 (Ley APCI) aprobada por el actual Congreso peruano. 

Esta decisión determina que la Ley APCI, y su eventual reglamento, constituyen un modo indirecto de eventual represalia al ejercicio de la representación legal de las víctimas. La Corte IDH enfatiza que la sola posibilidad de sanción ya es una violación del art. 53 del Reglamento de la Corte y del derecho de las víctimas a elegir su defensa en base a su confianza y técnica.

Dicha resolución se emite en el marco de las medidas provisionales solicitadas por APRODEH y COMISEDH en el Caso Gamboa García Vs. Perú el pasado 7 de abril. En la solicitud, se expuso que el entonces proyecto de ley generaba una situación de extrema gravedad y urgencia, al contener disposiciones que podrían menoscabar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas.

Así lo consideró la Corte IDH, al señalar que la posibilidad de que la Ley APCI sea aplicada respecto de las organizaciones representantes, supondría no solo una forma de represalia prohibida por el artículo 53 del reglamento de la Corte, sino que, además afectaría el derecho a la defensa de las víctimas del referido caso. 

En ese sentido, este Tribunal recordó que este derecho incluye la garantía de ser asistido por un defensor de su elección, y que la eventual imposición de sanciones podría llevar a disuadir a las organizaciones de continuar con la defensa de los intereses de las víctimas.

Esta decisión evidencia cómo el Congreso más impopular de la historia peruana (con más del 90% de desaprobación) y un gobierno alejado de las demandas ciudadanas, insisten en aprobar leyes represivas para proteger sus intereses y evadir su responsabilidad en graves violaciones a los DDHH. La Ley APCI, al igual de la Ley de Impunidad, y la Ley de Amnistía, son ejemplos de su estrategia para debilitar el Sistema Interamericano y silenciar a víctimas y defensores.

Esta decisión genera un precedente importante, al considerar nuestros argumentos contra la ley que violenta el derecho de las víctimas a tener una representación técnica de su elección, y nuestro derecho de libre asociación con el fin de defender los derechos humanos de todas y todos.

Asimismo, se informa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se mantiene vigilante del grave riesgo que la mencionada ley representa para los derechos a la defensa y a la justicia de las víctimas, por lo que concedió nuestra solicitud de audiencia sobre este tema, a realizarse el próximo 21 de julio del presente.