Apurímac.- La Contraloría identificó que servidores de la Municipalidad Provincial de Aymaraes, presuntamente beneficiaron al Consorcio Isco con el otorgamiento de la buena pro y contrato para la ejecución de la obra de mejoramiento del camino vecinal del distrito de Tintay (Aymaraes) contraviniendo lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y normativa vigente. 

La obra que se encuentra paralizada desde el 2023 estuvo a cargo del Consorcio Isco conformado por las empresas Moro S.R.L e Inversiones Narddy E.I.R.L y fue adjudicada por 8 millones 330 mil 687 soles.

De acuerdo al expediente de contratación, el mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal Emp. Pe-30q (Antarumi) – Emp. Ap-588 (San Mateo) tuvo la finalidad de brindar adecuadas condiciones de transitabilidad para el transporte de productos agropecuarios y de pasajeros de manera rápida y segura a los principales mercados de consumo local, regional y nacional, sin embargo, todo lo señalado no se cumple hasta el momento.

En el Informe de Control Específico N° 022-2024-2-0348-SCE, se señala que el área de Logística y Bienes Patrimoniales de la Municipalidad Provincial de Aymaraes no verificó los documentos presentados por el consorcio ganador. 

Por el contrario, permitió que el postor conserve la buena pro y suscriba el contrato pese a que presentó documentación adulterada (certificados de vigencia de poder y sistema de gestión antisoborno contienen declaraciones falsas).

Cabe recordar, el Contrato de Procedimiento de Selección N° 004-2022-G.ADMyF-MPA-CH fue firmado por el gerente de Administración y Finanzas, Juan Carlos Pinto Serrano y el representante legal del consorcio, Daniel Leiva Bustios.   

También se encuentra implicada en la irregularidad, la entonces jefe de Logística y Bienes Patrimoniales, Edith Vásquez Pampañaupa. 

Un detalle a tenerse en cuenta, el alcalde Alberto Argote, que debió firmar el contrato delegó esa función mediante Resolución de Alcaldía N° 0238-2021-MPA-CH al administrador, Pinto Serrano. 

La obra está paralizada e inconclusa por incumplimiento de contrato por parte del consorcio, motivo por el cual la municipalidad resolvió el contrato y está en proceso de arbitraje.