Apurímac.- La ONG Amnistía Internacional (AI) señaló que la muerte de unas 50 personas durante las protestas antigubernamentales registradas en Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 podría salpicar no solo a la presidenta, Dina Boluarte, sino también a la cadena de mando de las fuerzas de seguridad por su responsabilidad en lo que consideran es “uno de los episodios más graves de violaciones masivas de Derechos Humanos” en la historia reciente de la nación andina.

AI ha elaborado un informe en el que detalla que las decisiones clave tomadas por Boluarte en calidad de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú ameritan que los fiscales evalúen su posible responsabilidad penal en las investigaciones en marcha. La respuesta de las fuerzas de seguridad dejó cerca de medio centenar de fallecidos y otros más de 1.400 heridos.

El citado informe revela que, aunque Boluarte ha negado en repetidas ocasiones haber mantenido contacto directo con la cúpula militar del país, realmente se reunió en varias ocasiones con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, gozando así la mandataria de “múltiples oportunidades” de condenar el uso ilegítimo de la fuerza y ordenar un cambio de táctica.

“Sin embargo, en lugar de utilizar sus frecuentes reuniones con ministros, policías y comandantes militares para este fin, continuó elogiando públicamente a las fuerzas de seguridad mientras vilipendiaba a las personas manifestantes como ‘terroristas’ y ‘criminales’, sin brindar pruebas de ello”, denuncia el citado informa de Amnistía.

Según la información de la que dispone AI, la Policía Nacional firmó planes de operación para arremeter contra manifestantes “terroristas” y, además, no ha proporcionado detalles sobre ninguna medida disciplinaria abierta contra los agentes implicados porque ya han sido archivadas. Tras supervisar y dar su visto bueno a estos planes operativos, Boluarte ascendió al general de Policía responsable al cargo de comandante general del Cuerpo.

Los agentes de Policía fueron provistos de fusiles para llevar a cabo estos planes que recogían órdenes de “eliminar barreras humanas”. Esta forma de actuar de las fuerzas de seguridad violó no solo la legislación peruana, sino también la normativa internacional de Derechos Humanos, que señala que las armas de fuego son inapropiadas para el control de multitudes.

Amnistía Internacional se ha hecho eco de varios casos concretos, destacando el de la protesta en el aeropuerto de Ayacucho, donde en un solo día fallecieron diez manifestantes. Los comandantes de las Fuerzas Armadas calificaron a los asistentes a la protesta como “grupos hostiles” y los registros obtenidos por la ONG demuestran que los militares lanzaron al menos 1.200 balas aquel día.

“En Ayacucho, los disparos contra manifestantes indefensos y transeúntes continuaron siete horas el 15 de diciembre de 2022, pese a las llamadas telefónicas personales de la Defensora del Pueblo al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa pidiendo un alto el fuego”, señala el informa de Amnistía Internacional.

Tras este episodio, y a pesar de las evidencias de lo excesivo de la respuesta militar, la presidente Boluarte afirmó entonces que las acciones de las Fuerzas Armadas habían sido legales y apenas unos días después ascendió al ministro de Defensa, Alberto Otárola, al cargo de primer ministro. Las Fuerzas Armadas, por su parte, apenas tomó medidas disciplinarias contra ocho militares por “faltas leves”.

Así las cosas, Amnistía Internacional lamentó que, cuando se cumplen ya 18 meses desde el estallido de las protestas, las investigaciones avanzan lentamente y los fiscales al cargo de las pesquisas “parecen haber llevado a cabo investigaciones superficiales” sin llegar “al corazón de los hechos”, incluida la posible responsabilidad de Boluarte.

“Perú no puede permitir que estas graves violaciones de los Derechos Humanos queden impunes. Muchas de las víctimas provienen de comunidades indígenas y campesinas, cuyas voces han sido históricamente ignoradas. Los responsables del dolor de cientos de personas que han perdido a sus seres queridos o están gravemente heridas deben enfrentarse a la Justicia, sin importar su alto rango”, ha aseverado la directora ejecutiva de AI en Perú, Marina Navarro.

Las manifestaciones en Perú estallaron después de la destitución y arresto del expresidente Pedro Castillo, que había tratado de atribuirse más competencias y disolver el Parlamento. Boluarte, que hasta entonces había sido su vicepresidenta, tomó las riendas del país en medio de protestas sociales, en las que se pedía la convocatoria de elecciones.

Por otro lado, Amnistía Internacional aprovechó su informe para hacer un llamamiento a las autoridades españolas para que mantengan la suspensión de las exportaciones de material antidisturbios para las fuerzas de seguridad de Perú –anunciada en febrero de 2023– hasta que no se certifiquen “avances sustanciales” en las investigaciones.

La ONG se mostró preocupada ante la posibilidad de que el Ejecutivo abra la puerta a revisar esta suspensión de exportaciones. Amnistía Internacional ha reiterado su postura en contra de esta posibilidad en una misiva a la Junta Interministerial.

Asimismo, la organización insta al Gobierno de España a llevar a cabo una investigación independiente sobre el uso de las armas españolas en la represión en dichas protestas. Según datos oficiales, el valor de las licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2023 ascendió a 187 millones de euros, de los cuales unos 40 millones correspondían a material antidisturbios.

Fuente: Crónica Viva