Apurímac.- La situación de la libertad de expresión y de información en el Perú es crítica, porque hay, por un lado, una utilización del sistema de justicia como una suerte de instrumento o de garrote contra quienes ejercen el periodismo de investigación, y, por otro, una judicialización penal de periodistas como consecuencia de decisiones más políticas, sostuvo Carlos Rivera Paz, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Me parece que en los últimos tiempos esa situación ha tenido un empeoramiento considerable, no solamente porque, ya desde hace varios años atrás, logramos no solamente percibir, sino constatar en situaciones concretas, en casos que hay un ataque, hay un proceso de judicialización, hay una utilización del sistema de justicia como una suerte de instrumento o de garrote contra periodistas fundamentalmente de investigación”, manifestó en diálogo con Ideeleradio.

“A esa situación que ya de por sí es un mal ejemplo, es un dato difícil de procesar, creo que hay que sumarle este empeoramiento o degradación de la crisis política que vive el país y que, de alguna manera, comprende también o involucra directamente, ya no solamente la acción judicial que se inicia contra tal o cual periodista, si no creo yo, las condiciones en las que el periodismo ejerce su libertad de información, que creo que es un asunto mucho más complejo, mucho más comprensivo, pero que es una situación a la que estamos llegando en mérito a esta crisis política que se ha ido empeorando en los últimos tiempos”, añadió.

En el marco de la campaña “Sin derechos no hay democracia, sin democracia no hay derechos”, Rivera Paz recordó que la libertad de expresión debería ser considerada como una pieza fundamental y sustancial para la vigencia de un Estado de derecho y democrático. Subrayó, en ese sentido, que la situación es crítica no solo porque se está atacando el periodismo, sino porque se está afectando la libertad de información.

“Creo que la situación hay que calificarla como una situación crítica de la libertad de expresión y de información respecto de la democracia. Primero, porque la situación política de nuestro país desde hace ya demasiados años da cuenta de una crisis no solamente creciente, una crisis que ha degradado los principios elementales y las condiciones fundamentales de un régimen democrático. Y si eso es así, no cabe ninguna duda que hay diversos hechos, diversas circunstancias en las cuales se está afectando gravemente la libertad de información”, refirió.

“Ese contexto de judicialización penal de periodistas como consecuencia de decisiones más políticas me parece que es lo que justifica calificar nuestra situación actual como una situación muy crítica en realidad, que ya no solamente es crítica porque se está atacando el periodismo, sino porque se está atacando la libertad de información”, detalló.

El coordinador del Área Legal del IDL cuestionó que se haya ido generando un contexto en el que ciertos sectores están buscando que “el Poder Judicial sea un instrumento de persecución” contra periodistas a los que se ha obligado a defenderse de una manera muy activa e intensa en el sistema de justicia.

“Hay una utilización del sistema de justicia como una suerte de instrumento o de garrote contra periodistas fundamentalmente de investigación. Estoy hablando de Gustavo Gorriti, Romina Mella en lo que corresponde a IDL-Reporteros, pero también hablo de Paola Ugaz, de Daniel Yovera, de Óscar Castilla, de Edmundo Cruz. Son periodistas que han tenido que enfrentar algunos uno, pero algunos cuatro o cinco o seis procesos de denuncias penales por difamación. […] Hay que agregar ahí el dato de Pedro Salinas en relación a las imputaciones que desde el Sodalicio han venido”, mencionó.

“Todos ellos están caracterizados porque son periodistas independientes, son periodistas de investigación y que se han comprometido con la investigación y difusión de asuntos particularmente importantes, temas públicos de corrupción de funcionarios, de violaciones de derechos humanos o de asuntos vinculados a la vulneración del medioambiente. Y todos ellos han tenido que enfrentar a diversas entidades, entes o personajes del poder oficial o poder de turno o poderes de facto”, argumentó.

Remarcó que a esta situación en que se inician acciones judiciales contra periodistas, se debe sumar el análisis de las condiciones en las que el periodismo ejerce su libertad de información, que estimó es un asunto mucho más complejo. En ese contexto, el abogado refirió que hay una judicialización penal de periodistas como consecuencia de decisiones más políticas.

“Y me parece que llegamos a otro momento, que entiendo que podría calificarlo sin ningún problema, de mucho peores condiciones, que es la judicialización penal de periodistas como consecuencia de decisiones más políticas que se han ido tomando en los últimos tiempos. Me refiero al caso específicamente de Gustavo Gorriti y la campaña de acoso, de persecución y ahora de procesamiento penal, junto con los fiscales investigadores del caso Lava Jato”, explicó.

“Me da la impresión que ese es un peldaño hacia abajo que estamos comenzando a vivir y que da cuenta de un nivel, ya no solamente de persecución individual, sino en general del periodismo de investigación, como aquel que descubrió el caso Lava Jato, que reveló las incidencias de los políticos y de muchos partidos en esa trama de megacorrupción o corrupción transnacional y que ahora significan, un elemento de persecución, ya no solamente legal, sino política también, sobre todo aquello que significó los avances sustanciales de las investigaciones ya no solamente de periodistas, sino penales que en los últimos tiempos se han desarrollado”, puntualizó.

Fuente: Crónica Viva