(Miércoles 10/01/2024).- El expresidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, Edwar Salvador Palacios junto a Karen Sánchez Abollaneda, Yhasira Dolores Soto Quispe, Edward Oscar Hernández Cabrera y Jader Jesse Elguera Garrafa son investigados por el presunto delito de estafa agravada y lavado de activos en agravio de empresarios dedicados al rubro de la construcción y comercialización.  

La investigación preliminar fue dispuesta por el fiscal Roger Quispe Alegría de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Abancay mediante disposición N° 02-2023-MP-FECOR-ABANCAY-DFA del 27 de diciembre del 2023 que corre en la Carpeta fiscal acumulada N° 11-2023 y 2522-2023, estableciéndose como plazo 36 meses. 

Según la tesis fiscal, el expresidente de la Cámara de Comercio de Apurímac (CCA), Edwar Salvador Palacios, habría firmado convenios marco interinstitucionales con las ONGs Fundación Vida, Solidaridad, Fe y Esperanza y el Instituto de Reafirmación de los Pueblos Aimaras, Quechuas y Amazocences - Perú (IRPAQA) para el financiamiento de obras (pistas, veredas, losas deportivas, otros) a ser ejecutadas en varias municipalidades de la región sin tener que pasar por concurso público, beneficiando a los empresarios contratistas que se sumaban a esta modalidad de ejecución, pero para lo cual, debían pagar entre el 5 % y 10 % del monto total del costo del proyecto, así como un desembolso del 20 % en calidad de garantía a nombre de la CCA.  

Asimismo, la fiscalía sostiene que bajo la modalidad de obras por impuestos (OxI) se habrían realizado depositos por un monto acumulado de 34 millones de soles para ejecutarse un paquete de 60 obras.

"...la modalidad ofertada a los empresarios fue la de realizar la ejecución de obras por impuestos en instituciones públicas, es decir, que las ONGs tendrían asegurado el monto de dinero por cada proyecto ejecutado, más una contrapartida de la municipalidad, con quienes se han firmado también convenios sin autorización, induciéndoles a error, de esta manera, toda vez que estas obras contarían con capital financiado por las ONGs hecho que a todas luces genera una factibilidad al no tener que presentarse a un concurso público con requisitos establecidos por la normativa", precisa la investigación preliminar.

Las empresas agraviadas y que formalizaron la denuncia contra Palacios y demás personas son el Grupo AGC SAC y Empresa Comercializadora Surandina, ambas de propiedad del empresario Julio Azurín Cámara y que ejecutaría dos obras por un monto superior a los 15 millones de soles en los centros poblados de Culluni Izquierdo y Tancayllo, en el distrito de Uranmarca, en Chincheros. 

También aparecen la firma ZV Contratistas EIRL de Marleny Zegarra Gómez; RIR Contratistas EIRL de Roque Ibañez Truyenque; Constructora KAEVNOMA EIRL de Walter Mercado Mejía; Empresa G.G Constructores del Perú EIRL e Inversiones Celeste SAC de José Antonio Sipaucar Condori.

De acuerdo a la información obtenida, algunas de estas empresas ejecutaron las obras hasta su culminación, mientras que otras paralizaron los trabajos porque no recuperaban la inversión realizada en los plazos acordados.

Uno de los detonantes de este escándalo habría sido la entrega de cheques sin fondos a los empresarios que participaron en esta modalidad de ejecución. 

 

Radio Titanka intentó comunicarse en su oportunidad con los investigados Jader Jesse Elguera Garrafa y Yashira Dolores Soto Quispe llegando hasta la "Fundación Alarifes" cuyas oficina está ubicada en el tercer piso de un edificio de la primera cuadra de la avenida Núñez a fin de recoger su versión sobre las denuncias en su contra, sin embargo, nunca dieron la cara. (P.P.D)