8Lunes 22/05/2023).- Desde el 15 de enero, el fiscal Marco Huamán, a cargo de la investigación a la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y dos exministros por las muertes durante las protestas sociales contra el Gobierno y el Congreso, tenía los nombres de los jefes policiales y militares de Ayacucho y Apurímac, pero prefirió no citarlos aún.

La República tuvo acceso al oficio que le envió el coordinador de las fiscalías supraprovinciales de derechos humanos, Daniel Jara, informándole sobre las acciones que se habían realizado hasta ese momento. Esto en respuesta de un pedido que le había hecho Huamán cinco días antes.

En el documento se menciona que la fiscalía especializada de Ayacucho abrió investigación preliminar contra Antero Mejía Escajadillo, quien en diciembre fue jefe de la Macrorregión Policial Ayacucho, y a Jesús Amarildo Vera Ipenza, entonces comandante general de la Segunda Brigada de Infantería de Ayacucho, y los que resulten responsables.

Los dos son mencionados en la denuncia por genocidio y homicidio calificado por la muerte de diez personas en Huamanga en la protesta del 15 de diciembre pasado, que dio inicio a una investigación y que se derivó a la Fiscalía de la Nación para el caso de Boluarte y los otros altos funcionarios, dando origen a la carpeta signada con el número 277-2022.

Además, Jara le comunica que el 19 y 20 de diciembre del año pasado familiares de los fallecidos en Apurímac también presentaron denuncias contra la mandataria, ministros, congresistas, así como el jefe policial de dicha región y el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros.

En este caso también se deriva la denuncia contra los altos funcionarios a la Fiscalía de la Nación, pero se inicia investigación preparatoria contra el jefe del Frente Policial de Apurímac, Luis Jesús Flores Solís, como autor mediato del delito de genocidio y graves violaciones a derechos humanos en las modalidades de tortura y homicidio calificado.

Para los abogados de los familiares de las víctimas, Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), y Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), con esta información, el fiscal de la Nación pudo haberlos citado a dar su declaración.

Señalaron que no haberlo hecho en cuatro meses, y haber pedido sus datos recién a inicios de este mes, tras conocerse el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como reveló Hildebrandt en sus trece la semana pasada, denota una falta de celeridad y una preocupante inacción.

“En los archivos que manejan tiene los nombres de los jefes policial y militar de Ayacucho y podrían haber pedido sus declaraciones ya. Están investigando en exclusividad este tipo de casos y es un caso por el que el Estado debe dar cuenta a la CIDH. Tendrían que realizar las acciones para tener lo más rápido posible los resultados, pero vemos que no es así”, dijo Cano.

Recalcó que incluso no han citado a los heridos ni a los familiares de los fallecidos, y que ante su pedido para que viajen a Ayacucho a recoger sus testimonios, le respondieron que no pueden ir por su carga laboral y que lo van a calendarizar, sin darle ningún cronograma.

Ambos abogados indican que el Ministerio Público tiene pleno acceso a información complementaria como la dirección y documentos de identidad de los investigados a través del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), y no pueden justificar su inacción manifestando que no tenía la información completa de los altos mandos.

“El fiscal Huamán tenía acceso a los nombres de los jefes de la Policía y el Ejército en Ayacucho y Apurímac desde hace cuatro meses; simplemente no ha querido citarlos. No puede argumentar información completa porque tiene todas las facilidades para pedirla al Reniec o solicitarla al Ministerio de Defensa”, refirió Quispe.

Fuente: La República