El 30 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso. Con la decisión tomada, los congresistas que formaron parte del Poder Legislativo mantienen la inmunidad parlamentaria hasta el miércoles 30 de octubre, tal como lo establece la Constitución.

De acuerdo al artículo 93 de la Carta Magna, a los legisladores no se les puede procesar ni encarcelar sin la autorización del Parlamento o la Comisión Permanente, “desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones”.

Cuando el Parlamento estaba en funciones, se aprobaron los desafueros de Benicio Ríos y Edwin Donayre –ambos de Alianza Para el Progreso–, por sus condenas de 7 años por colusión agravada y 5 años por peculado. Sin embargo, pendiente había quedado la situación de Joaquín Dipas de Fuerza Popular, por una sentencia de 5 años por colusión ilegal. No se le levantó en su momento la inmunidad de arresto, debido a que el fallo era en primera instancia.

Asimismo, quienes se encuentran investigados son Moisés Mamani por presuntos tocamientos indebidos, lavado de activos y falsedad genérica; Yesenia Ponce, también por falsedad genérica; Betty Anaculí por supuestamente haber mentido en su hoja de vida respecto a sus estudios en un instituto de Ica; y Héctor Becerril, incluido en indagaciones por los casos Los Wachiturros de Tumán, Los Temerarios del Crimen, además de estar involucrado en los audios CNM. Tres de los cuatro mencionados son de Fuerza Popular, mientras que Ponce dejó la agrupación.

No obstante, solo los miembros de la Comisión Permanente continuarán con la inmunidad parlamentaria hasta un mes de dejar sus funciones al nuevo Congreso.

Cabe recordar que, de acuerdo al constitucionalista Luciano López en Canal N, si bien la inmunidad parlamentaria se pierde, los excongresistas mantendrán la inmunidad funcional hasta por cinco años.

Es decir, solo se les podrá juzgar por delitos comunes, mas no por infracciones en funciones. Se sustenta en el artículo 99 de la Constitución, que indica que “corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: (…) a los representantes al Congreso (…) por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas”.

Fuente: La República