Apurímac, 12 noviembre 2026.- Agentes de la Dircocor Apurímac allanaron las viviendas y centro de trabajo de dos servidores de la Municipalidad Provincial de Abancay, los mismos que son investigados por pedir una coima de 1,000 soles para liberar una motocicleta del depósito municipal.
Se trata de Jorge Valverde Taipe que laboró en la Gerencia de Transportes de la comuna provincial, desempeñándose actualmente en el área de Recursos Humanos y Aydee Ojeda Vega, trabajadora del depósito municipal.
La intervención estuvo a cargo de efectivos especializados de la Dircocor Apurímac y dispuesta por el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac como parte de una investigación fiscal que se les sigue por el presunto delito de lavados de activos.
Valverde Taipe habría recibido la suma de dinero a través de su aplicativo YAPE, mientras que Ojeda Vega sería la persona que facilitó el contacto del propietario de la motocicleta con el funcionario investigado. La identidad del denunciante se mantiene en reserva.
Durante las diligencias se incautaron documentos, celulares y equipos de cómputo para reunir evidencias y otras pruebas que ayuden a determinar las responsabilidades del caso.
Busca lavarse las manos
Tras la intervención que vuelve a empañar la gestión de Raúl Peña, la autoridad edil salió al frente casi de inmediato para afirmar que los servidores investigados son de administraciones anteriores, pasándole la pelota a sus antecesores. Se olvidó Peña que las autoridades asumen los pasivos y activos cuando asumen las riendas de una municipalidad.
Con ese comentario lo que busca el alcalde abanquino es minimizar los hechos de corrupción que apuntan contra su gestión y que son investigados actualmente en varias fiscalías anticorrupción de Abancay.
O sino, un poco de memorex. A la fecha, tres de sus funcionarios de confianza, uno de ellos se encuentra prófugo de la justicia, son investigados por solicitar jugosas coimas a más de medio centenar de conductores que cometieron infracciones al reglamento de tránsito, a cambio de aminorarles o exonerarlos de las multas.
Tres servidoras, entre ellas, la asesora legal de la Gerencia de Transportes, se encuentran cumpliendo comparecencia con restricciones tras haberle variado la prisión preventiva de 9 meses.
Asimismo, otros funcionarios más que están a su lado también son investigados por presunto direccionamiento de licitaciones, peculado, concusión y solicitar dinero a los trabajadores.
