Apurímac, 09 noviembre 2026.- El diputado de la bancada de Juntos por el Perú (JP), Jesús Pérez Allcahuamán, presentó el Proyecto de Ley N.° 0786 que plantea la ampliación del proceso de formalización minera integral culmine el 31 de diciembre del 2030 o hasta la entrada en vigencia de la Ley MAPE (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal) y su respectivo reglamento.
La presentación de esta iniciativa legislativa fue dada a conocer por el mismo Pérez durante la tercera audiencia pública de la Comisión de Energía y Minas desarrollada en la ciudad de Puno.
El proyecto de ley presenta el sello del área de trámite documentario de la Cámara de Diputados con fecha 06 de noviembre 2026 horas 3:30 de la tarde.
"En el proyecto de ley proponemos establecer disposiciones que faciliten el proceso de formalización minera, reconociendo su importancia como actividad económica de interés público y nacional, en beneficio de miles de familias que dependen de esta actividad", afirmó el legislador apurimeño.
Durante ese periodo el Ministerio de Energía y Minas en su calidad de ente rector de este proceso en coordinación con gobiernos regionales y las entidades de fiscalización ambiental (EFA) implementará y adoptará las acciones normativas administrativas, tecnológicas y operativas orientadas a lo siguiente:
a) La simplificación, estandarización y celeridad de los procedimientos administrativos.
b) El acompañamiento técnico continuo y descentralizado a los operadores mineros en vías de formalización
c) La depuración de los inscripciones en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de aquellos administrados que incumplan las condiciones de permanencia o incurran en causales de caducidad.
d) La supervisión y fiscalización ambiental coordinada y eficaz, respetando el ámbito de competencias legalmente atribuidas a los gobiernos regionales y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
e) La plena interoperabilidad de datos a través del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), garantizando la trazabilidad de insumos químicos, explosivos, maquinaria y comercialización de minerales, en articulación con la SUNAT y SUCAMEC.
f) El fortalecimiento de las capacidades institucionales, así como la supervisión ambiental y social de las actividades en proceso de formalización, con el fin de garantizar la culminación efectiva del proceso.
g) La seguridad jurídica de los operadores, la sostenibilidad ambiental de las actividades y la transición ordenada hacía el nuevo marco legal.
Asimismo, el proyecto de ley contempla un riguroso régimen de depuración y no una suerte de impunidad administrativa como ha estado ocurriendo con las anteriores ampliaciones, "se faculta a la autoridad minera a cancelar de oficio la inscripción de quienes no cumplan con el sinceramiento de coordenadas en el plazo de 90 días o incurran en la causales de abandono procedimental", precisa el proyecto.
La iniciativa propone un ordenamiento administrativo inmediato y la notificación digital a través del SIPMMA, así como la articulación de competencias interinstitucionales teniendo como ente rector al Ministerio de Energía y Minas y las acciones de fiscalización y sanción ambiental son asumidas por los gobiernos regionales (EFAs) y el OEFA, respetándose el proceso de descentralización.
"Conozco de cerca las dificultades que enfrentan nuestros hermanos mineros para formalizarse. Por ello, considero fundamental contar con plazos razonables, procedimientos accesibles y un marco legal que responda a la realidad de la pequeña minería y minería artesanal", sostuvo Pérez Allcahuamán.
