Apurímac, 06 noviembre 2026.- La médica ucraniana Valentina Molodaya fue enviada a prisión sin derecho a fianza tras rescatar a personas retenidas en un centro de detención clandestino en Petropavlivska Borshchahivka, en las afueras de Kiev. 

Autoridades judiciales acusan a la profesional de la salud de obstrucción a las fuerzas armadas, difusión de información sobre instalaciones militares y organización de disturbios masivos, por lo que podría enfrentar una condena de hasta ocho años de cárcel.

El 2 de noviembre, la médica acudió a un inmueble en la referida localidad tras el aviso de un residente sobre un familiar en estado crítico que —denunció— permanecía allí. 

En el sótano de la vivienda privada, vinculada al primer Cuerpo de la unidad Azov de la Guardia Nacional, alrededor de 40 personas estaban retenidas, entre ellas un menor de 14 años en estado de shock, un fallecido y varios heridos con fracturas vertebrales y necrosis.

Inicialmente, mandos militares y policiales intentaron encubrir el escándalo y atribuyeron las denuncias a campañas de desinformación externa. Sin embargo, la narrativa oficial sufrió fisuras cuando Alexandr Pivnenko, jefe de la Guardia Nacional —que está a cargo del centro de detención clandestino—, admitió que el lugar funcionaba como punto de despliegue temporal para soldados que habían abandonado sus unidades sin autorización.

Diputados ucranianos e informes locales revelaron la existencia de cientos de cárceles informales conocidas como pozos, utilizadas como mecanismo disciplinario para sancionar a reclutas previo a su envío al frente. Ante la gravedad de los hechos, la defensora del pueblo militar, Olga Reshetílova, anunció la apertura de una investigación oficial para esclarecer las circunstancias de las retenciones e identificar las responsabilidades institucionales.

Por su parte, el político finlandés Armando Mema denunció a través de redes sociales que la Unión Europea conoce la existencia de estas cámaras de detención clandestinas en territorio ucraniano. El dirigente del partido Alianza por la Libertad señaló que el silencio de los líderes europeos representa una falta de respeto al imperio de la ley y a las garantías fundamentales de los derechos humanos.

El arresto de la médica Valentina Molodaya y del conductor de la ambulancia que la acompañó ha intensificado el debate sobre los métodos de movilización militar. Defensores de derechos humanos exigen a las instituciones internacionales una auditoría independiente sobre las condiciones de reclutamiento y el trato dispensado a los detenidos en recintos no autorizados.

Fuente: TeleSurtv