Apurímac, 1 septiembre 2026.- La Comisión de Ética del Congreso inició la indagación preliminar contra el diputado Christian Aranda, de Renovación Popular, luego de que la diputada Luz Soto, de Juntos por el Perú, presentara una denuncia formal en su contra. 

El presidente de la comisión, Henry Albañil, confirmó el avance del caso: "Sobre el caso de Christian Aranda indicó que ya se inició con la indagación preliminar sobre el caso".

La denuncia contra Aranda tiene un origen concreto. El 24 de agosto, el diputado envió un oficio al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay para pedir información sobre la situación médica de una paciente. 

Días después, según el documento presentado por Soto Ferrari, Aranda difundió esa documentación en sus redes sociales de una forma que permitió reconocer a la paciente y vincularla con su embarazo.

La publicación original fue borrada y reemplazada por una versión modificada. Sin embargo, la denunciante sostiene que ese cambio no borra el problema de fondo: mientras el contenido estuvo disponible, pudo ser visto, capturado y compartido por terceros. Para la parlamentaria, el daño ya estaba hecho desde el primer momento en que la información salió a la luz.

La misma sesión de la comisión abordará otro expediente pendiente, el de Julián Pérez. Albañil informó que hoy también se dictará el informe final sobre este diputado, un plazo que la comisión cumplió pese a la semana de representación: 

"Hemos cumplido con el plazo establecido a pesar de que hemos estado en semana de representación. Ya se tiene el informe listo y eso es lo que vamos a dictar", señaló.

La legisladora Luz Soto basó su denuncia en varios puntos de las propias declaraciones públicas de Aranda. Entre el 26 y el 27 de agosto, el diputado reconoció que en el oficio dirigido al hospital incluyó el nombre de la paciente porque, según dijo, lo consideraba necesario para identificarla dentro del establecimiento.

El diputado también afirmó que la difusión del nombre se debió a una filtración posterior del documento oficial, y no a una decisión suya. Para la denunciante, ese argumento no lo libra de responsabilidad: el oficio salió de su despacho, llevaba su firma y su sello, y era su deber cuidarlo antes de que llegara a manos ajenas.

Un tercer punto resultó clave para la denuncia. Aranda dijo públicamente que su intervención logró el objetivo que buscaba. Para Soto Ferrari, esa frase muestra que el diputado no solo pidió información para fiscalizar al hospital, sino que buscó influir directamente sobre una decisión médica que le correspondía tomar al centro de salud, no al Congreso.

La denuncia pide a la comisión que determine si Aranda vulneró el principio de discreción que exige el Reglamento del Congreso, además de los deberes de respeto, responsabilidad e integridad que debe cumplir todo parlamentario. 

También solicita que se investigue si el diputado hizo gestiones que no le correspondían como legislador, y que se comunique el caso a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Soto Ferrari planteó, además, que se declare la reserva del expediente para evitar que el propio proceso vuelva a exponer a la paciente.

Fuente: La República